Dado que no aceptamos que ningún partido político ni religión nos financien, pues queremos tener independencia, no contamos con dinero. Los viajes, las llamadas, el permanecer en Bs As para nosotros es muy costoso y dependemos de la buena voluntad de los amigos. Ellos nos sugirieron que abriéramos una cuenta en un banco para que los que quisieran depositaran en ella.
La cuenta de ahorro está en el Banco Nación de la ciudad de Buenos Aires y su número es 0009/6970173456. Está a nombre de Félix Diaz y el CBU es 0110697430069701734565. ¡Muchas gracias!

martes, 14 de octubre de 2014


SOCIEDAD › LA POBLACION INDIGENA AUMENTO CASI 50 POR CIENTO EN AMERICA LATINA

El crecimiento originario

Son 45 millones de personas y representan el 8,3 por ciento de los habitantes del continente. Hubo un aumento en la tasa demográfica indígena, pero también son más quienes comenzaron a autorreconocerse como tales. En Argentina viven unos 955 mil indígenas.
 Por Darío Aranda
En una década aumentó un 49,3 por ciento la población indígena en América latina. Son 45 millones de personas y representan el 8,3 por ciento de los habitantes de la región. Tuvieron mejoras en salud, educación y legislación favorable, pero existe una gran brecha entre derechos existentes y el cumplimiento de los mismos. Los datos provienen de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que también hace hincapié en que las actividades extractivas violan los derechos indígenas, provocan conflictos territoriales y remarca como “crucial y prioritaria” la necesidad de que los Estados cumplan con el derecho al “consentimiento libre, previo e informado” que asiste a los pueblos originarios por cualquier acción de gobierno que pudiera afectarlos. “Los Pueblos Indígenas en América Latina. Avances en el último decenio y retos pendientes” es el nombre del informe de 128 páginas de la Cepal. Detalla que en 2010 vivían en América latina 45 millones de personas. La misma Cepal había estimado que en el 2000 la cifra era 30 millones. “Se observa un incremento significativo (49,3 por ciento) en una década”, resalta. Hubo un aumento en la tasa demográfica indígena y también influyó la “autoidentificación” (quienes comenzaron a autorreconocerse).
Los 45 millones de personas están distribuidos en 826 pueblos indígenas. En México viven 17 millones de indígenas, Perú siete millones, Bolivia seis millones y Guatemala 5,8 millones. En Argentina viven al menos 955 mil indígenas (el 2,4 de la población).
En términos porcentuales Bolivia es el país con mayor población indígena (62 por ciento), le siguen Guatemala (41), Perú (24), México (15), Panamá (12), Chile (11), Nicaragua (9), Honduras y Ecuador (7). Los países con menor porcentaje de población originaria son Colombia (3 por ciento), Venezuela (2,7), Costa Rica y Uruguay (2,4), Paraguay (1,8), Brasil (0,5) y El Salvador (0,2).
La Cepal señala que en la última década se han constatado mejoras en su acceso a la salud (atención de nacimientos y mortalidad infantil) y educación (aumento de tasas de asistencia).
En el apartado III detalla la situación territorial. Señala como positivo la “evolución notable” del derecho internacional y tratados de derechos humanos, pero al mismo tiempo remarca la falta de cumplimiento de las normas. “En la última década el auge en la demanda internacional de bienes primarios (minerales, hidrocarburos, soja) se ha traducido en un mayor dinamismo económico en los países de América latina, pero a costa de un número creciente de conflictos ambientales, sociales y étnicos en torno de las industrias extractivas situadas en territorios indígenas”, explica la Cepal y detalla como coincidencia regional: “Los gobiernos han generado incentivos a la industria extractiva”. Precisa las actividades que atentan contra los derechos y la vida indígena: agroindustria, palma aceitera, biocombustibles, ganadería extensiva, hidroeléctricas, hidrocarburos, minería y megaproyectos de infraestructura.
“Es necesario reforzar los procesos de titulación, demarcación y protección de los territorios indígenas que todavía no han sido reconocidos”, destaca. La página 57 detalla un mapa de conflictos, un piso de 200 casos, vinculados en su mayoría a megaminería e hidrocarburos. De Argentina sobresalen casos en Neuquén, Salta, Formosa y las provincias cordilleranas que impulsan la megaminería.
Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén y del Consejo Plurinacional Indígena, explicó que el consentimiento libre, previo e informado es “una exigencia de todos los pueblos originarios de Argentina”, recordó que es un derecho y apuntó a dos sectores: “Poder político y Poder Judicial violan este derecho básico de los pueblos indígenas cada vez que autorizan una empresa extractiva en nuestros territorios”.
El organismo de Naciones Unidas remarca que “los Estados deben respetar y garantizar los derechos de participación y el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígena”, vigente en tratados internacionales, normas nacionales, en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El informe precisa que la “mala nutrición” es uno de los problemas que más afecta a los pueblos indígenas y tiene relación directa con la pérdida de territorios y la contaminación. La recomendación principal que hace va en línea con un reclamo generalizado de los pueblos originarios: “Es primordial garantizar el consentimiento libre, previo e informado (CLPI), especialmente en relación con los proyectos extractivos y de desarrollo, en sus territorios o en áreas cercanas”. Recuerda que el derecho internacional obliga al CLPI.
En la página 27 puntualiza: “El argumento de algunos Estados es que consideran el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) como una amenaza, porque plantean que les da a los pueblos indígenas la posibilidad de vetar políticas, medidas y disposiciones”. Pero la Cepal se contrapone a esa mirada: “Lo que la normativa internacional busca es revertir la historia de marginación y exclusión que han sufrido los pueblos indígenas”.
El informe señala que el 50 por ciento de la población indígena de América latina vive en centros urbanos. Lo vincula a los “desequilibrios territoriales en el acceso a los bienes y servicios de Estados que estimulan la emigración hacia las ciudades” y a la expulsión de los territorios rurales de la mano del extractivismo.

jueves, 18 de septiembre de 2014

Otro hermano asesinado

Ayer han atropellado a un joven de la comunidad se llamaba Aldo Javier Camachi. Tenía 20 años. Se trata del sobrino de Oscar Camachi, presidente de la asociación civil.

Venía caminando junto a otros dos jóvenes luego de un día de pesca cuando lo atropelló una camioneta arrastrándolo más de 10 metros. El impacto fue abajo del asfalto.

Estamos cansados de estos atentados contra nuestros hermanos.

Seguimos reclamando que coloquen lomos de burro en el asfalto pero ignoran nuestros reclamos.

Queremos que se haga una autopsia del cuerpo.

¿Cuántas más muertes ocurrirán sin que nadie haga nada?


martes, 2 de septiembre de 2014

Ha fallecido nuestro querido Elías Jara


Es una triste noticia para todos los qom y para quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.

El hermano Elías era pastor evangélico y una autoridad importante para nosotros.

Desde que ocurrió la represión ha estado muy mal. Él fue golpeado y encarcelado por la policía formoseña. Nunca se recuperó.




























lunes, 25 de agosto de 2014

Incendian dos casas de hermanos dentro de la comunidad

El sábado 23 y ayer domingo 24 de agosto fueron incendiadas dos casas, las del hermano Ricardo Vargas y del hermano Bonifacio Coyipe.











Se trata de una situación que nosotros veníamos preocupados y se vincula con la presencia de criollos dentro de nuestra comunidad. Hay varios criollos que se resisten a retirarse y siguen largando sus vacas por nuestras tierras arruinando nuestras plantaciones. Dicha situación la venimos denunciando sistemáticamente pero ninguna autoridad se quiere hacer cargo.

De hecho el pasado miércoles 20 de agosto hemos presentado la denuncia que mostramos acá nuevamente explicando la situación irregular en la que vivimos. A los tres días quemaron la casa de Vargas.





Hoy presentamos la denuncia ante la policía formoseña.



A su vez el presidente del ICA, Ricardo Ramírez, durante el relevamiento territorial se ha comprometido ante la comunidad y las autoridades del INAI a realizar gestiones para solucionar el conflicto con la familia Saucedo que ocupa ilegalmente tierras de nuestra comunidad. Es así como en el informe Técnico Final producto del relevamiento territorial que presentó el INAI ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación figura:

"Se verificó en terreno la ocupación efectiva de la familia Saucedo, la cual es ejercida ilegalmente dentro de la mensura y título de propiedad de la comunidad. A efectos de reivindicar dicho espacio por parte de la comunidad el Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) de la provincia de Formosa gestionará acciones administrativas y/o jurídicas tendientes a solucionar la controversia"

A su vez dentro del mismo informe, en la sección del Informe histórico-antropológico, el INAI vuelve a mencionar la ocupación ilegal de los Saucedo:

"Existe una familia criolla que se asienta dentro del territorio comunitario, según lo informado por miembros de la comunidad inicialmente esta familia se asentó mediante el pago de arriendo pero luego dejaron de pagarlo y se quedaron las tierras sin el consentimiento de los miembros de la comunidad. Esta familia, Saucedo, además de la parte que viene ocupando desde que empezó a arrendar, ahora se está expandiendo hacia el Suroeste."

Incluso el relevamiento realizado por Nación y provincia nos reconoce como territorio una superficie (5.179,4 has.) menor a la que figura en el título comunitario (5.187 has.) debido a que reconocen la ocupación efectiva de Saucedo por 7,6 has. A su vez, reconocen las otras 34,5 has que también ocupa Saucedo dentro de nuestro título. Los funcionarios fueron rápidos para restarnos a nosotros dicha superficie en el relevamiento pero no para solucionar el conflicto.

Quiere decir que más allá de nuestras denuncias formales y del reconocimiento de la ocupación criolla por parte de la provincia y nación y sabiendo que es ilegal toda ocupación no indígena en nuestras tierras los criollos siguen viviendo allí resultando dicha situación muy grave para nuestra integridad.


¿Qué más se puede hacer para denunciar y frenar esta situación?

Estamos muy preocupados y en alerta.


miércoles, 9 de julio de 2014

Inundación en la comunidad

Desde marzo estamos padeciendo lluvias permanentes. El pésimo estado de nuestros caminos de tierra más las lluvias nos han incomunicado.

El frío y la lluvia hacen que nuestros niños y ancianos necesiten calzado y abrigo. Agradecemos profundamente a quienes puedan colaborar.









martes, 1 de julio de 2014

Los organismos de Derechos Humanos reclaman ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se respete nuestro territorio

Se debe reconocer el derecho al territorio de la comunidad La Primavera

Buenos Aires, 27 de junio de 2014.- Un grupo de organizaciones de la sociedad civil pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación –en el marco de la causa que lleva adelante la Defensoría General de la Nación– que se reconozca el territorio ancestral reclamado por la comunidad indígena Qom Potae Napocna Navogoh - La Primavera y que se considere incumplido el relevamiento territorial realizado por los gobiernos de la Nación y la provincia de Formosa. 

En el escrito presentado ante el máximo tribunal, señalaron que lo hecho por el Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) de Formosa y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) incumple con los principales estándares internacionales en materia de derechos humanos, en particular, los relacionados con el derecho al territorio, la consulta previa, libre e informada, y el acceso a la justicia de comunidades indígenas, “lo que trae como consecuencia el agravamiento de la situación de la comunidad indígena y su consecuente revictimización”. 

Amnistía Internacional Argentina (AIAR), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), APDH La Matanza, la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT), el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI) y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), se presentaron ante la Corte en calidad de amicus curiae, una figura legal que permite a personas o instituciones ofrecer su opinión, en un expediente judicial cuyo interés trasciende el de las partes e involucra hechos de interés público.

El ICA de Formosa y el INAI realizaron el relevamiento territorial en el marco de la ley 26.160, que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras indígenas en el territorio nacional. Sin embargo, el procedimiento violó los derechos humanos de la comunidad. En primer lugar, su derecho a la consulta y la participación, ya que no hubo ninguna instancia destinada a permitir la participación de la comunidad en el relevamiento, respetando sus procesos e instituciones internas. El procedimiento, además, desconoció las características propias de la comunidad indígena Qom Potae Napocna Navogoh en lo relativo a su relación, uso y goce de su territorio, ya que no tuvo en cuenta ni el croquis ni las narrativas donde los indígenas describieron los lugares en que desarrollan sus proyectos de vida acorde a su ontología y necesidades. El resultado fue que se excluyó del territorio reconocido como de ocupación tradicional al lugar de vivienda de 17 familias, incluyendo la del cacique de la comunidad, Félix Díaz. 

En el escrito se pidió al alto tribunal que se reconozca el territorio ancestral de la comunidad La Primavera “a través un título idóneo y culturalmente adecuado”, de acuerdo a los estándares internacionales y regionales de Derechos humanos y la Constitución Nacional. A este respecto, a Corte Interamericana ha dicho que “para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”. Y que los Estados deben garantizar la participación de los pueblos indígenas “en la toma de decisiones sobre asuntos y políticas que inciden o pueden incidir en sus derechos…desde sus propias instituciones y de acuerdo a sus valores, usos, costumbres y formas de organización”.

Las organizaciones señalaron que el relevamiento realizado por las instituciones oficiales viola el derecho al territorio, a la consulta previa y al consentimiento libre previo e informado de la comunidad La Primavera y pidieron una decisión de la Corte Suprema en consonancia con el derecho de acceso a la justica que tienen todos y todas los ciudadanos y, en particular, los grupos históricamente marginados, como son los pueblos indígenas.


sábado, 24 de mayo de 2014

Criminalización a los indígenas: La justicia formoseña ha procesado a nuestro qarashe y a otros hermanos qom

La justicia formoseña nuevamente nos persigue respondiendo a los intereses del gobierno formoseño.

Ya no nos sorprende. Hasta que no lleguemos a instancias federales no habrá posibilidad de justicia verdadera.

Que nosotros seamos acusados cuando fuimos víctimas de la acción conjunta de la policía formoseña junto a una familia ganadera sólo puede ocurrir en Formosa.

Estos fueron los hechos del 23 de noviembre del 2010 a las 11 hs.:

Hacía cuatro meses que veníamos cortando la ruta en reclamo de ser escuchados frente a la violación de nuestro derecho territorial por parte del gobierno de Formosa.  
Los Celías (la familia criolla que ocupa nuestro territorio) habían hecho una denuncia por una rotura de unos alambres. Con esa excusa se hicieron presentes 8 policías que se acercaron a hablar con los Celias. Al acercarse Félix Diaz a preguntar por el motivo de la presencia policial, los Celías comenzaron a dispararle con escopeta, no ocasionándole la muerte o lesiones porque como estaban a caballo, los mismos se asustaron con el ruido de los disparos. La policía se limitaba a mirar. Como consecuencia de esto, se acercaron otros hermanos qompi preocupados y sorprendidos que la policía no hiciera nada para detener a los Celías. Se produce una discusión y en el medio de la misma 2 policías dejan tiradas sus armas y se van. En la retirada, una oficial de policía que se encontraba un poco alejada de sus compañeros, se desprende la camisa y empieza a gritar “no me toquen, no me toquen”. A los minutos se retira caminando.

La denuncia hecha por la policía es por el “robo” de las armas, el atentado a la autoridad y el abuso sexual, basado en que la policía declaró que varios indígenas la agarraron, le rompieron la camisa y le tocaron.

Estos hechos pensados fríamente por el gobierno de Formosa, sus jueces, su policía y sus ganaderos amigos resultaron en la orden de un juez para ir a buscar las supuestas armas robadas al corte de ruta y así comenzar la represión a las 18 hs.

Como consecuencia la justicia de Formosa acaba de procesar, una vez más, a nuestro qarashe Félix Diaz por robo de arma, a otros hermanos y a Eugenio Fernández por abuso sexual a la oficial policía. ¡Además serán nuevamente indagados por el supuesto delito de atentado contra la autoridad!

Por todo eso llevarán a Félix y al resto de los hermanos a juicio oral.


¿Quién puede pensar en la garantía de justicia si los jueces son formoseños?


La comunidad se encuentra muy preocupada pues ya no tenemos esperanzas ni creemos en la justicia. Estamos en Asamblea Permanente.



Comunidad qom Potae Napocna Navogoh