Dado que no aceptamos que ningún partido político ni religión nos financien, pues queremos tener independencia, no contamos con dinero. Los viajes, las llamadas, el permanecer en Bs As para nosotros es muy costoso y dependemos de la buena voluntad de los amigos. Ellos nos sugirieron que abriéramos una cuenta en un banco para que los que quisieran depositaran en ella.
La cuenta de ahorro está en el Banco Nación de la ciudad de Buenos Aires y su número es 0009/6970173456. Está a nombre de Félix Diaz y el CBU es 0110697430069701734565. ¡Muchas gracias!

viernes, 12 de junio de 2015

La provincia envió a juicio oral a nuestro qarashe Félix Diaz por "usurpar" nuestro territorio

10/04/2015

Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh “La Primavera” - CELS

El Juzgado Criminal y Correccional N° 2 de Clorinda, provincia de Formosa, a cargo del juez Santos Gabriel Garzón, elevó a juicio la causa en la que está imputado por el delito de usurpación Félix Díaz, referente de la Comunidad Potae Napocna Navogoh -La Primavera. Hoy, ​solicitamos la nulidad de la elevación ​a juicio porque, como señalamos en el escrito, esta medida "no es más que la concreción de un proceso penal únicamente dirigido a criminalizar a Félix Díaz. Una acusación sostenida en el tiempo con tales grados de imprecisión, falta de claridad y sustento sólo puede ser explicada desde el evidente afán punitivo puesto en marcha ​​en contra ​nuestro defendido".​

La causa N° 672/2011 se basa en la denuncia del criollo Cecilio Celías y en testigos que son sus allegados. Celías afirmó que “un grupo de aborígenes de la Colonia La Primavera habían ingresado sin autorización alguna al interior del campo que poseen, a edificar viviendas” y acompañó su denuncia con documentos. La legitimidad de los títulos de propiedad que Celías presentó ante la justicia formoseña forma parte de la discusión de fondo sobre de quiénes son las tierras que se acusa a Díaz haber ocupado. Esta cuestión está pendiente de resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Consideramos necesario aguardar esta resolución de la Corte sobre la titularidad del territorio antes de avanzar en una persecución penal por el delito de usurpación. 

En septiembre de 2014, cuando se confirmó su procesamiento, el CELS presentó un recurso de casación que fue rechazado. Ante esto, interpuso un recurso de queja que también fue rechazado. Al mismo tiempo, se presentaron dos escritos pidiendo medidas de prueba que corrieron con la misma suerte. Ni la fiscal Gloria Elena Rejala ni el juez Garzón tuvieron en cuenta otra evidencia: las inspecciones judiciales al territorio revelaron que el Estado provincial construyó viviendas para los aborígenes en esas tierras, es decir que para la administración pública formoseña esos terrenos les corresponden. La negación de medidas que podrían contribuir a esclarecer la causa vulnera los derechos de Félix Díaz y de la comunidad. 

El CELS patrocina a la Comunidad Potae Napocna Navogoh -La Primavera en esta causa penal y en otras dos relacionadas con la represión policial del 23 de noviembre de 2010. También la representa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En julio de 2010 la comunidad La Primavera inició una serie de protestas ante la construcción de un instituto universitario en su territorio. En agosto de 2010, el CELS informó a distintas dependencias del Estado nacional la alarmante vulneración de los derechos de la comunidad y pidió su intervención para revertirla. El 23 de noviembre de 2010, hubo una grave represión por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia que ocasionó la muerte de un integrante de la comunidad, Roberto López y más de 20 heridos. En ese contexto se produjo la muerte del policía Eber Falcón, que aún está siendo investigada. En ese momento, el CELS envió una nota a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la que cuestionó la pasividad frente a la situación, omisión que no respetaba “los compromisos internacionales en materia de derechos humanos”. Meses antes, en marzo de 2010, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) le había solicitado al Estado argentino la adopción de las medidas necesarias para evitar que las comunidades indígenas sean desalojadas, reprimidas o amenazadas. 

A partir del contacto con los referentes de la comunidad, el CELS y la Defensoría General de la Nación pedimos medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “CIDH”). En la presentación destacamos que “lo sucedido desde agosto del corriente año y más específicamente entre el 23 y 24 de noviembre de 2010, demuestra la amenaza actual e inminente al derecho a la vida, integridad personal, posesión y propiedad comunitaria de las tierras tradicionales y a la protección judicial de estas personas”. El 21 de abril de 2011 la CIDH otorgó medidas cautelares que ordenaron al Estado que: “1. Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad indígena Qom Navogoh, “La Primavera”, contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la Policía, de la Fuerza Pública, u otros Agentes Estatales. Así como también, se proporcionen las medidas necesarias para el retorno de Félix Díaz y su familia, en condiciones de seguridad a la comunidad. 2. Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; 3. Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas cautelares”. Desde el otorgamiento de las medidas cautelares,  el CELS ha dado seguimiento constante al cumplimiento de lo ordenado por la CIDH.
Ya el CELS había denunciado al Estado argentino ante la CIDH en 2005 por un hecho de represión policial contra otra comunidad toba de Formosa. El 16 y 17 de agosto de 2002 más de cien agentes policiales ingresaron violentamente a la comunidad de Nam Qom, destrozaron las viviendas y realizaron detenciones masivas e indiscriminadas que incluyeron a mujeres y niños, quienes luego fueron torturados.
En el marco de una reunión de trabajo por las medidas cautelares ante la CIDH, se acordó tratar en el seno del Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Provincial la evaluación de riesgos hacia la comunidad, así como el replanteo de los roles de la Policía Provincial y la Gendarmería Nacional sobre hechos que sucedan dentro de la comunidad de La Primavera. Tras diversas discusiones entre las partes, se suscribió el 10 de abril de 2013 el “Protocolo de Intervención de las Fuerzas de Seguridad y Policiales concurrentes en jurisdicción de la comunidad indígena Qom Navogoh “La Primavera”” (en adelante “Protocolo de Intervención”). Este protocolo fue considerado una medida positiva para aminorar las situaciones de tensión y constante hostigamiento a miembros de la comunidad. Sin embargo, tras su adopción, el Estado no ha garantizado el cumplimiento de sus disposiciones ni de las medidas cautelares en general.
Incluimos a continuación la solicitud original de Medidas Cautelares y algunas de las más recientes y relevantes presentaciones ante la CIDH para impulsar su efectivo cumplimiento.

Presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El 30 de noviembre de 2010, el CELS, Félix Díaz y la Defensoría General de la Nación solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la adopción de medidas cautelares a favor de los integrantes de la comunidad. Las medidas “están orientadas a que los miembros de La Primavera puedan acceder y permanecer en su territorio, sin temor de ser hostigados ni perseguidos por agentes estatales o particulares con la anuencia de las autoridades”. 

Objetivo: esta presentación se realizó para dar cuenta de  la falta de diálogo y contacto con representantes de organismos estatales nacionales y provinciales responsables del seguimiento a las medidas cautelares. A lo largo del 2014 no se cumplió con lo acordado en el Protocolo de Intervención en cuanto a la obligatoriedad de celebrar reuniones tanto en el marco del Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior, como en el territorio comunitario, entre los Enlaces y los miembros de la comunidad, que deberían realizarse una vez por mes.
Se solicitó: colaboración de la Comisión Interamericana para que inste al gobierno provincial a que convoque una reunión de seguimiento a las medidas cautelares y, además, que entregue la información producida en el marco de los sumarios administrativos de los policías actuantes en la represión.

Objetivo: remitir informaciónrespecto a la falta de cumplimiento y de protección a la comunidad., Manifestamos especial preocupación por incidentes de incendio de hogares de miembros de la comunidad y su subsecuente falta de investigación. Resaltamos la falta de atención médica y psicológica a las víctimas de la violenta represión de noviembre de 2010 así como la falta de debida diligencia en la investigación de estos hechos. Finalmente, remarcamos la falta de cumplimiento delProtocolo de Intervención.
Se solicitó: que se mantengan las medidas cautelares. Se le pida al Estado argentino el cumplimiento integral y efectivo de las medidas cautelares; que convoque a una reunión con los peticionarios a los fines de reanudar el diálogo y que se proteja el derecho a la salud de los integrantes de la comunidad indígena. 

Objetivo: poner en su conocimiento de la CIDH las nuevas muertes ocurridas  en la Comunidad como consecuencia de los problemas de seguridad y falta de atención médica. 
Se solicitó:la intervención activa de la CIDH para lograr que el Estado tome todas las medidas necesarias para investigar las  situaciones denunciadas, así como para retomar el diálogo con el Estado Nacional y provincial.

Objetivo: informar que “en el último tiempo han tenido lugar graves sucesos, incluyendo la muerte de miembros de la comunidad” y que a pesar de “la adopción del Protocolo de Intervención de las Fuerzas de Seguridad y Policiales … el mecanismo ha resultado absolutamente ineficiente para atender la delicada situación”. Al momento de esta solicitud hace más de un año que no existia diálogo alguno con el Estado provincial.
Se solicitó: que la CIDH se involucre activamente en el proceso y convoque a una reunión de trabajo.
La reunión de trabajo fue otorgada, sin embargo, una semana antes de llevarse a cabo fuimos notificados de su cancelación a pedido del Estado argentino. 

Objetivo: informar que “el Estado no ha logrado brindar una respuesta capaz de eliminar, o al menos generar reaseguros sostenibles, respecto de la inseguridad, amenazas y hostigamientos que padece la comunidad, así como tampoco ha logrado sostener un canal institucional con miras a modificar integralmente esta grave situacion”. Además se enfatiza el incumplimiento del “Protocolo de Intervención de las Fuerzas de Seguridad y Policiales concurrentes en jurisdicción de la Comunidad Qom Navogoh - La Primavera” 
Se solicitó: entre otras cuestiones se pidió información periódica sobre las medidas de seguridad que adoptó el estado, el cumplimiento de las medidas cautelares y el protocolo de intervención de las Fuerzas de Seguridad. 

Objetivo: señalar que el Estado ha incumplido el Protocolo de Intervención y la falta de toda diligencia a la hora de investigar los hechos de hostigamiento denunciados por la comunidad. 
Se solicitó: que la CIDH convoque a la brevedad a una reunión  con el Estado nacional y provincial para garantizar el cumplimiento integral y efectivo de las medidas cautelares.

Al mismo tiempo, en la actualidad el CELS defiende a Félix Díaz y a otros miembros de la Comunidad La Primavera en tres causas penales en Formosa. Dos de ellas remiten a los hechos ocurridos por la mañana y por la tarde del 23 de noviembre de 2010, la tercera es una causa judicial por “usurpación”. El CELS, además, impulsa la causa sobre la cuestión de fondo, el reclamo de las tierras, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en calidad de amicus curiae. 

Causa penal n° 1157/2010
Hechos. Se investigan los hechos ocurridos el 23 de noviembre de 2010 por la tarde, cuando miembros de la Comunidad La Primavera que cortaban la Ruta Nacional Nº 86 fueron reprimidos por la policía provincial durante el desalojo. Resultaron heridos de gravedad varios miembros de la comunidad, incluidas mujeres, niños y ancianos. Uno de ellos, Roberto López, murió por un disparo policial. 
Tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional n° 2 de Clorinda, a cargo de Santos Gustavo Garzón. La fiscal interviniente es Gloria Elena Rejala.
Imputación: Atentado a la autoridad a mano armada, lesiones graves y leves e instigación a cometer delitos.
Situación de Félix Díaz: le revocaron el sobreseimiento por los delitos de instigación a cometer delitos, atentado a la autoridad a mano armada y lesiones graves y leves. El juez de cámara resolvió que se recalifique la imputación de “instigación a cometer delitos” por instigación de los delitos de lesiones graves y leves, atentado a la autoridad y homicidio del policía Eber Falcón. Para esa decisión el juez se basó en los testimonios de policías que dicen que “en todo momento Félix estaba con su celular”. En ese momento Félix Díaz se estaba comunicando con amigos e instituciones para informar y pedir ayuda. Todos los indígenas que declararon dijeron que las decisiones en la comunidad se toman en asamblea, dato avalado por la pericia antropológica incorporada a la causa.
Situación de los policías Coronel y Paredes: estuvieron sospechados de haber asesinado a Roberto López. Primero se les dictó la falta de mérito y luego se los sobreseyó. Si bien Paredes admitió haberle disparado a Roberto López en dos oportunidades, el Juez consideró que actuó en ejercicio de legítima defensa.
El fiscal no apeló estos sobreseimientos, cosa que sí hizo respecto de los sobreseimientos dictados a favor de los indígenas.
El CELS que patrocina a la Comunidad a través de Erma Peteñik, viuda de Roberto López. Peteñik pidió ser querellante en la causa y se apelaron los sobreseimientos. Se le negó a la viuda de López su incorporación a la causa. El 11 de junio de 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Formosa confirmó el rechazo y Erma Peteñik no es querellante.
Frente a esto se presentó un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fue rechazado. El 4 de diciembre de 2013 el CELS presentó un recurso de queja que aún está pendiente de resolución. 

El 8 de abril de 2014 el Procurador General ante la CSJN dictaminó a favor del pedido de Erma Peteñi, por entender que el rechazo fue arbitrario. Aún se espera la respuesta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Quema de casas: Se presentó una denuncia por la quema de casas durante la represión del 23 de noviembre de 2010. La Cámara de Apelaciones confirmó el rechazo a investigar. Ante esta situación, el 3 de febrero de 2014, el CELS presentó un recurso de Casación que fue concedido y ampliado. El 12 de mayo de 2015 se realizó una audiencia oral ante el TSJ de Formosa para exponer los argumentos del recurso de Casación. El TSJ no resolvió todavía esta presentación.

En esta causa se pide que se investiguen las conductas del Comisario Muñiz (a cargo del operativo) y del juez que intervino en el operativo, Julio Mauriño.

Causa penal N° 742/2011

Hecho: se investiga lo ocurrido la mañana del 23 de noviembre de 2010. El criollo Luis Pedro Celías denunció el corte de un alambrado perimetral de un territorio cuya propiedad se atribuyó. Un grupo de policías fue al lugar donde se encontraba establecida una parte de la comunidad. En ese contexto, Félix Díaz se acercó a los policías para conocer los motivos de la presencia de los oficiales. En ese momento fue atacado a tiros y amenazado por Celías. Este hecho fue acreditado por el testimonio de miembros de la comunidad. Los policías no impidieron la agresión del criollo y luego comenzaron a agredir a Félix Díaz y a un grupo de personas que lo acompañaban.

Tramita: Juzgado Criminal y Correccional n° 2 de Clorinda, a cargo del juez Santos Gabriel Garzón. La fiscal es Gloria Elena Rejala.

Imputación: Robo de armas de fuego y abuso sexual simple.
La justicia imputó a Félix Díaz y a un grupo de miembros de la comunidad elegidos de forma aleatoria los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones hacia los policías. La mayoría de ellos fueron sobreseídos por estos dos delitos, excepto Félix Díaz, Miguel Quisinaquay, Clemente Sanagachi y Eugenio Fernández. Por otra parte, Félix Díaz y Eugenio Fernández fueron procesados por el delito de robo de arma de fuego. Eugenio Fernández enfrenta, además, una acusación de abuso sexual simple por parte de una oficial de policía.

Nunca se investigó la tentativa de homicidio por parte de Luis Pedro Celías a la cual hicieron referencia Félix Díaz y los demás co-imputados y testigos de los hechos.

Pruebas: La acusación se sostiene en los testimonios de los policías que actuaron, del denunciante y sus acompañantes, los que presentan serias contradicciones.
Últimos movimientos de la causa: en septiembre de 2013 el CELS presentó un escrito donde denunció que se trataba de una causa armada y pidió el sobreseimiento y que se investiguen los delitos cometidos por los policías. Esta causa buscó justificar la represión que se produciría ese mismo día a la tarde, sobre el corte de ruta.
La Cámara de Apelaciones revocó los procesamientos por el delito de atentado a la autoridad a mano armada y recomendó al juez de instrucción que clarifique algunas cuestiones de la causa que afectan el derecho a la defensa de los imputados. 
Luego de las últimas declaraciones testimoniales de los efectivos policiales, hechas en junio y julio de 2014, el juez de instrucción reformuló la imputación y pasó de atentado a la autoridad a mano armada a resistencia a la autoridad y lesiones en concurso ideal. 
Estas indagatorias fueron suspendidas a pedido de la defensa del CELS, para producir nuevas medidas de prueba que resultaban de gran relevancia para garantizar el ejercicio del derecho de defensa de los imputados.
En marzo de 2015 el juez Garzón resolvió sobreseer a Félix Díaz, a Miguel Quisinaquay, Clemente Sanagachi y Eugenio Fernández de los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves por haber operado la prescripción.

Causa penal n° 672/2011
Denuncia: Cecilio Celías denunció que “se percató de la presencia de un grupo de aborígenes de la Colonia La Primavera, habían ingresado sin autorización alguna al interior del campo que poseen, a edificar viviendas para vivir y los aborígenes Félix Díaz y Pablo Asijak son los que se encontraban al frente del grupo”.
Tramita: Juzgado Criminal y Correccional n° 2 de Clorinda, a cargo del Juez Santos Gabriel Garzón. La Fiscal que interviene en la causa es Gloria Elena Rejala.
Imputación: Usurpación (de las tierras ocupadas por los Celías y el predio destinado a la Universidad).
Imputados: Al comienzo la causa tuvo varios imputados entre los que se encontraba Félix Díaz y los referentes más cercanos a él. La acusación se sostiene con los testimonios de los allegados del denunciante y documentos cuya legitimidad forma parte de la discusión sobre la titularidad de las tierras, cuya resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación está pendiente. Las inspecciones judiciales en el territorio relevaron que el estado provincial construyó viviendas para los aborígenes en esas tierras. Esto no fue tenido en consideración por parte de la fiscal ni del juez.

Situación de Félix Díaz: En septiembre de 2014 se confirmó el procesamiento de Félix Díaz por el delito de usurpación (art. 181, inc 1°, CP).

Se presentó un recurso de casación contra esta resolución que fue rechazado. Ante esto el CELS interpuso un recurso de queja que también fue rechazado. También se presentaron dos escritos pidiendo medidas de prueba, los cuales fueron rechazados. Estos rechazos de las medidas solicitadas incurren en una grave violación al derecho de defensa. 

Por último, se presentó un escrito donde se explicó la necesidad de resolver la discusión de fondo sobre la titularidad de las tierras que se encuentra ante la CSJN. Esto es por entender que no puede acusarse a alguien de usurpar un territorio respecto del cual todavía no se conoce quién es su titular.
La fiscal requirió la elevación a juicio el 17 de octubre de 2014, acto que interrumpió el plazo de prescripción cuando faltaba una semana para que se produzca. Frente a esto, el CELS reiteró el planteo sobre la titularidad de la causa y se opuso a la elevación a juicio y pidió el sobreseimiento. Esto aún no fue resuelto por el juez interviniente.

Pedido de suspensión de la causa. En paralelo a las presentaciones efectuadas ante el Poder Judicial de Formosa, se presentó un escrito de inhibitoria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante CSJN), en el marco de una causa en la que el CELS es Amicus Curiae. En esta presentación se planteó la necesidad de que esta investigación penal por usurpación se suspenda hasta que el máximo tribunal resuelva la discusión de fondo sobre la titularidad de las tierras. La CSJN –sin embargo– resolvió de manera desfavorable a nuestro pedido. Sostuvo su imposibilidad de tomar intervención en causas penales a cargo del poder judicial provincial, y que no advierte superposición de objetos procesales entre la causa por usurpación y la que discute la titularidad de esos territorios.
El 28 de mayo de 2015 el Juzgado dictó un auto de elevación a juicio de la causa. El 11 de junio, como defensores de Félix Díaz, presentamos un escrito que pide la nulidad de la elevación ya que no está debidamente fundamentada: no describe con la claridad y precisión establecidas por la ley cuál fue el delito que se atribuye a Díaz.

sábado, 30 de mayo de 2015

Urgente: inundación





Necesitamos con urgencia que nos ayuden.

Nuestras casa están inundadas.

Muchas familias  están aún bajo agua y no reciben ayuda alguna.

Necesitamos evacuar la comunidad con urgencia.



 


miércoles, 6 de mayo de 2015

Continuamos trabajando junto al equipo GET-QOM de la Facultad de Agronomía UBA para seguir desarrollando nuestras capacidades








Esta es la denuncia Pública que hemos hecho en enero 2014 y que fue tomada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación

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Queremos denunciar ante la opinión pública que la provincia de Formosa está contaminando la Laguna Blanca y violando la medida cautelar dispuesta por la justicia federal que le prohibe realizar obras en nuestro territorio en conflicto.

La comunidad qom Potae Napocna Navogoh espera que la sociedad en su conjunto logre parar este nuevo atropello de Formosa a los derechos indígenas y ambientales. No podemos dejar que destruyan la Laguna Blanca! lugar de espiritualidad para nosotros los qom y de riqueza de recursos naturales.

Agradecemos puedan difundir esta triste noticia.



La provincia de Formosa está contaminando la Laguna Blanca
 
Una vez más Formosa está violando los derechos indígenas, las disposiciones legales y el medio ambiente.
En el año 2011 Formosa comenzó la construcción de un canal que envía aguas de desechos del pueblo de Laguna Blanca hacia la laguna homónima.
Dicho canal atraviesa parte de nuestro territorio. Precisamente, en esa zona, desde el año 2010, se encuentra vigente una medida cautelar debido a que se intentó construir un Instituto Universitario. De ese modo, el conjuez Pividori indicó que la provincia y la UNAF debían abstenerse de llevar a cabo cualquier tipo de obra. Incluso, la Fiscal del estado provincial Copes se había comprometido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a respetar la medida cautelar.
La Laguna Blanca no sólo es un lugar de espiritualidad sino que además es un medio de vida de gran importancia para nosotros los qom. Ella forma parte de nuestro territorio tradicional además de estar incluida en las mensuras que nos fueron reconocidas por el decreto nacional nº 80.513 de 1940 como por el título comunitario que nos entregó la provincia en 1985.
Asimismo, por su funcionalidad como humedal de suma importancia para la conservación, se le ha asignado la categoría de status internacional designándolo como sitio RAMSAR protegido por el Parque Nacional Río Pilcomayo.
Para la construcción de dicho canal la provincia ha producido un desmonte importante, talando gran cantidad de palmeras y destruyendo la vegetación circundante lo que ha generado que disminuya la cobertura vegetal modificando así el escurrimiento natural del terreno que va en dirección al estero Poí y a la laguna.
La canalización impide el filtrado natural que realizan las tierras bajas inundables, cambiando las propiedades del agua que recibe la laguna y haciéndola altamente vulnerable a la contaminación por los productos y efluentes que se incorporan al canal. A su vez, el canal acarrea hacia la laguna residuos de diversos tipos.
Finalmente, queremos denunciar que el Estudio de Impacto Ambiental realizado por una consultora provincial no reviste la más mínima seriedad dado que no se han contemplado medidas de mitigación para minimizar el impacto que esta obra genera sobre recursos naturales de suma importancia para la comunidad qom y la sociedad en su conjunto.
 
¿Por qué no funcionan los mecanismos estatales que deben garantizar los derechos indígenas y ambientales?
 
¿Por qué la Administración de Parques Nacionales no ha evitado la contaminación de la Laguna Blanca que dice proteger?
 
 

En síntesis, Formosa está:
 
- Violando nuestro derecho a la consulta y participación en la gestión de los asuntos que nos competen. Derecho consagrado en la Constitución Nacional y en la normativa indigenista internacional.
- Contaminando la Laguna Blanca, sitio sagrado para el Pueblo qom y de vital importancia en el ecosistema de la región.
- Violando la medida cautelar de no innovar dispuesta por el conjuez Núñez Pividori en el año 2010 que prohíbe a la provincia realizar obras en la zona de conflicto.
- Infringiendo la Ley 22.351 de protección de los Parques Nacionales y los tratados internacionales de protección de humedales de alto valor de conservación como la Convención de Sitios RAMSAR, entre otros.
 

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 Ubicación de la desembocadura del canal
 


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Construcción del canal
 
 

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Canal hacia la Laguna Blanca
 
 
 
¿Será que, una vez más, nadie hará nada al respecto?
 
 
 
 
Comunidad qom Potae Napocna Navogoh

enero 2014
 
  




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Laguna Blanca


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Laguna Blanca
  
Diario Judicial
Edición del día Viernes  10 de Abril de 2015
10.04.15
El reclamo Qom se mueve en la Corte
Foto: Centro de Información Judicial
La Corte Suprema ordenó nuevas medidas en la causa en la que la Comunidad Qom pide a Formosa el cese de la construcción de un drenaje en territorios ancestrales. El Máximo Tribunal intimó a la demandada y a la Administración de Parques Nacionales a que acompañen un informe que adeudan desde 2013.
El Máximo Tribunal de la Nación retormó el trámite del expediente "Comunidad Indígena Toba La Primavera - Navogoh c/ Formosa, Provincia de y otros s/ medida cautelar", y dictó una serie de medidas, en especial, ordenó a la provincia demandada ya la Administración de Parques Nacionales a que presenten un informe que se comprometieron a presentar en 2013.
El dictado de la resolución se dio luego de que Félix Díaz, representante de la Comunidad Indígena Toba La Primavera-Navogoh, denunció que la Provincia de Formosa incumplió con  las medidas cautelares dictadas el 22 de septiembre de 2010 por el Juzgado Federal n° 5 de Formosa , y el 21 de abril de 2011 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  en el marco de la causa iniciada a raíz de la denuncia de actos violatorios por parte del gobierno provincial.
La accionante acompañó un expediente tramitado ante  la Administración de Parques Nacionales denominado "Proyecto ejecutivo del sistema de drenaje superficial - Localidad Laguna Blanca Informe de Ingeniería", del que surge, según el fallo, que el Estado provincial está realizando una obra de drenaje y desagüe en la localidad de la Laguna Blanca , y que la misma "habría puesto en peligro el equilibrio de su ecosistema y los recursos naturales de la zona". Díaz aclaró que Laguna Blanca integra el territorio ancestral reclamado por la Comunidad, por lo que que "su preservación resulta fundamental para que el objeto de la demanda no se torne ilusorio, y que el lugar donde se lleva adelante la obra es objeto de la medida cautelar decretada en este proceso".
Sumado a ello, dio cuenta de la existencia de una causa en la Cámara Civil y Comercial de Clorinda, Formosa, en la que tramita un pedido de desalojo que lo tiene a él como demandado, y cuyo inmueble objeto de litigio se encuentra en ese mismo territorio, que la comunidad accionante considera ancestral, por lo que, por vía inhibitopria, planteo la incompetencia del Tribunal.
El pronunciamiento, que contó con las firmas de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, rechazó al inhibitoria por cuanto estimó que "aun cuando las tierras presuntamente usurpadas integren el reclamo de fondo efectuado en autos, no se configura la superposición de objetos que se pretende hacer valer entre la pretensión aquí esgrimida y los hechos investigados en la causa penal radicada en sede local".
LA Corte detalló que en el caso "se persigue el reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena y la delimitación del territorio correspondiente a la demandante, mientras que el delito que se le imputa al señor Félix Díaz se vincula con el despojo 'de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él (artículo 181, inciso 1° Código Penal), es decir, no está en juego en aquél proceso el derecho de dominio sobre las tierras".
En el otro punto sometido a discusión, el Máximo Tribunal advirtió que esa solución no se contradecía con la medida cautelar dictada el 22 de septiembre de 2010  ya que el propio peticionario señaló que la causa penal referida se inició con anterioridad a esa decisión mediante una denuncia presentada por Cecilia Celías el 11 de enero de 2010, con lo cual resulta aplicable la doctrina del Tribunal según la cual no corresponde por aquella vía interferir en procesos judiciales ya existentes; y esa sería la consecuencia de proveer favorablemente la solicitud que se formula".
La Corte no se pronunció sobre la cuestión ambiental invocada, sino que previo a ello, intimó a la Administración de Parques Nacionales para que informe, según las actuaciones en su órbita "respecto del impacto ambiental que las obras de drenaje superficial de la ciudad de Laguna Blanca podrían tener y han tenido en el Río Pilcomayo, Estero Poi, la Laguna Blanca y en la totalidad del área reclamada en autos, especialmente respecto del volumen y calidad del agua recolectada, los vertidos clandestinos y su retención, el escurrimiento del terreno o cualquier otra modificación en el ecosistema cuyo origen pudieran ser las obras en cuestión".
Luego de ello, en el expediente figura que la Provincia de Formosa, por su parte, informó que estaba realizando la construcción de un centro de salud sobre la propiedad comunitaria y que "pese a que la comunidad fue informada y consultada acerca de la referida construcción, y a su aceptación por parte de la mayoría de sus miembros, el señor Félix Díaz junto a un grupo minoritario se opone a la instalación de dicho centro de salud, y se encuentra efectuando cortes de ruta, reclamos y denuncias que obstaculizan el inicio de la obra". lo que fue desmentido por Díaz. La Coerte, al respecto, instó a a las partes a que continúen con la colaboración mutua ,que se deben, a fin de que cada una de ellas cuente con los elementos que les permitan valorar adecuadamente las bondades del emprendimiento que se impugna
Finalmente, "a fin de realizar la valoración consiguiente", El Tribunal estimó correspondiente requerirle al Estado provincial "que agregue copias certificadas de las carpetas técnicas correspondientes al centro de salud que se construirá en el predio cedido por la señora Evangelina Fonda que les fueron entregadas a los miembros de la Comunidad en la reunión llevada a cabo el 26 de febrero del corriente año, como así también de las actuaciones administrativas vinculadas a dicha obra, en particular, de los antecedentes que dieron lugar a la resolución 2/2014 del Instituto de Comunidades Aborígenes, del 23 de octubre de 2014".
La parte resolutiva del pronunciamiento expuso, entonces, intimó  a la Provincia de Formosa y a la Administración de Parques Nacionales para que dentro del plazo de diez días acompañen el peritaje que se comprometieron a realizar el 22 de mayo de 2013  "a los efectos de dirimir el conflicto existente entre el Parque Nacional Río Pilcomayo y la Reserva Natural Formosa ", asimismo, ordenó a la Administración de Parques Nacionales a que en el plazo de 60 días "acompañe el informe referido"  y a la Provincia a que acompañe copias certificadas de la documentación sobre el centro de salud.
 
Continuamos acampando en el centro de la ciudad de Buenos Aires.
 
Seguimos esperando que las autoridades escuchen los reclamos de los cuatro Pueblos Originarios de Formosa.
 
Nuestra dignidad no se negocia.
 

sábado, 28 de febrero de 2015

Hemos decidido levantar la medida de fuerza

Luego de reclamar por más de un mes al gobierno de Formosa que nos informen sobre las gestiones en nuestro territorio y de que se arregle el camino, hemos logrado con mucha presión que nos explicaran y entregaran las carpetas técnicas.

Una vez más rechazamos este mecanismo que promueve el estado provincial a tener que reclamar con medidas de fuerza nuestros derechos consagrados.

Invitamos al diálogo y al respeto de nuestros derechos como pueblo indígena qom.

Ahora estudiaremos las carpetas que nos han entregado. Recordamos nuestro derecho a la consulta previa, libre e informada. No es lo mismo la consulta a que nos informen, bajo presión, sobre decisiones ya tomadas.

La provincia finalmente nos entregó la información que reclamamos

reunion-gobierno-dirigentes-de-La-Primavera

:: NAINECK PRENSA DIGITAL :: La Verdad es lo que se ve…

La Primavera: les entregaron la carpeta a los manifestantes.

Laureano Sanagachi, representante de La Primavera dialogó con Radio Uno comentando sobre la reunión que tuvieron hoy con el gobierno.
 
“Muchos temas hemos planteado, la no información y la no participación en los trabajos que se están haciendo, no nos dan la documentación por eso pedimos transparencia”, sostuvo Sanagachi.
La comunidad qom pedía “que los trabajos sean transparentes y haya participación de los hermanos indígenas. Solicitamos siempre las documentaciones por eso veníamos siempre reclamando al gobierno de la provincia de Formosa”.
 
En la reunión de hoy estuvieron presentes representantes de “cada área, de salud, IPV y otros organismos, ante la Defensoría del Pueblo solicitamos la documentación para poder justificar los reclamos por eso hoy estaba presente hoy el ministro Ferreira y el ministro González”, comentó Sanagachi.
 
Los originarios ingresaron a casa de Gobierno a las 12 hs y salieron a las 16, hubo “muchas palabras cruzas entre el gobierno y nosotros. Fue una reunión difícil, ya sabíamos lo que pedimos lo cual es la carpeta técnica de lo que se está trabajando en la colonia”, dijo el representante de La Primavera.
Sanagachi manifestó que en la reunión “primero explicaron las áreas correspondientes, Vialidad hizo una explicación con nosotros pero de esa manera no era la forma, nosotros solicitamos las carpetas. Seguimos en pie con el pedido y de última se dieron las carpetas técnicas, ahora tenemos en mano y tenemos que estudiarlas”.
 
Finalmente el originario adelantó que en la comunidad analizaran las carpetas y verán si levantan totalmente el corte o siguen con la medida. “Es un gobierno que no quiere solucionar los problemas, entregaron las carpetas pero con mucha presión, ellos solo querían explicar las carpetas”, concluyó.

jueves, 19 de febrero de 2015

Una vez más reclamamos por nuestros derechos


Seguimos reclamando información sobre las obras y gestiones que se pretenden realizar en nuestro territorio.

Sabemos que tenemos el derecho a que no sólo nos informen sino que nos consulten.

Rechazamos todo tipo de violencia y proponemos, como siempre el diálogo.

Nosotros estamos tomando medidas de fuerza en la ruta 86 hasta que nos den la información solicitada. Y nuestro qarashe reclama lo mismo en la zona del acampe en Buenos Aires.

Lastimosamente no se ha avanzado nada en estos 5 años.

lunes, 2 de febrero de 2015

Nuevamente la violencia contra nosotros

Queremos denunciar que han intentado atropellar las ramas que hemos puesto en la ruta. Esto ya nos ha ocurrido en el 2010.

Criollos de la zona irrumpen contra las barreras poniendo en peligro a un montón de gente.

En esta oportunidad fue Ramón Galeón, DNI 8373075, domiciliado en el pueblo vecino de Naineck. Manejaba un Peugeot, patente GYD195. Dicen que es pariente del criollo Saucedo que ocupa tierras dentro de nuestra comunidad.

Como siempre hemos realizado la denuncia formal.










Por otro lado también denunciamos la manipulación del gobierno de Formosa de hermanos de nuestra comunidad contra nosotros. En estos días han agredido a Clemente Sanagachi y a Valentín Yaecle y han amenzado a la familia de nuestro qarashe. Es triste muy triste ver cómo los ponen en nuestra contra.

El mecanismo siempre es el mismo. Nosotros denunciamos todas las irregularidades que existen y luego la provincia les promete a ellos que harán las obras. Nuestros hermanos ingenuos creen que fueron ellos que obtuvieron los beneficios y para colmo se dejan llenar la cabeza contra nosotros.

En estos días estamos sufriendo violencia física contra nosotros de parte de dichos hermanos. Es la situación  más dura que hay que atravesar. Para colmo el poder del gobierno de Formosa se esconde detrás de esas estrategias inhumanas.

De todas formas, nosotros seguiremos denunciando el atropellos de nuestros derechos indígenas y humanos.

La siguiente nota es una de las maniobras típicas de la provincia para engañar a nuestros hermanos y a la opinión pública.








El objetivo es convertir a la mayor cantidad de personas en nuestros opositores.


En el fondo lo que hacen es decir que ellos informan a las "autoridades" de la comunidad. Todo el mundo sabe que la autoridad es el qarashe Félix Diaz de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh. En dicha elección participó Cristino Sanabria y perdió. Como garantes de la elección estuvieron el gobierno nacional, el provincial y las ong de Derechos Humanos.

Sin embargo la provincia sólo habla con sus dirigentes qom peronistas. El gobierno nacional no se puede desentender de esta situación pues participó y sabe quien es la autoridad verdadera.


Nosotros sólo exigimos nuestros derechos.


Esperemos que se detenga esta violenta situación en la que estamos viviendo.








lunes, 26 de enero de 2015

Cortamos la ruta para que nos oigan


Hoy a las 15 hs se inicia el corte de ruta 86
 en la altura 1341 por reclamos de mejora en el camino,
 luz eléctrica y informe de la obra que estan levantando
 en el predio de evangelina fonda 

martes, 13 de enero de 2015

La reelección indefinida de los qom

Por: Sergio Schneider
1. Conocemos ya la historia de Néstor Femenía. El niño murió el martes pasado, a los siete años de edad, en el Hospital Pediátrico, al que había ingresado en grave estado el 19 de diciembre. Tenía múltiples complicaciones, padecía tuberculosis desde un tiempo indeterminado y estaba desnutrido. 
Su deceso se convirtió en noticia nacional y disparó un debate de posiciones inconciliables -como todos los de los últimos tiempos- entre los defensores de la teoría del “hecho doloroso pero aislado” -que expuso Jorge Capitanich cuando tocó el tema en una de sus conferencias de prensa en la Casa Rosada- y quienes consideran que el final del niño chaqueño demuestra el fracaso de las políticas oficiales en materia de asistencia sanitaria y social.
En la provincia, el gobierno reaccionó poniendo por delante las inversiones realizadas en infraestructura -con nuevos hospitales y puestos sanitarios en el interior- y la incorporación de agentes sanitarios indígenas para una mejor penetración de la asistencia en las comunidades originarias. El Centro Mandela lo relativizó diciendo que los nuevos complejos no tienen suficientes profesionales y que impera un racismo que hace que “algunos médicos no toquen a los pacientes indígenas ni con una tacuara”.
Mientras tanto, los padres de Néstor se preparaban en Villa Río Bermejito para despedir a su hijo mayor. Ellos y los demás familiares de la criatura fueron llevados al cementerio en un camión volcador de la municipalidad local. Iban todos sentados sobre la caja metálica, con una temperatura por encima de los 40 grados. Es decir, en condiciones en las que ni siquiera se trata al ganado. Entre los deudos, el pequeño cajón que les habían dado para el cuerpo de Néstor, un ensamble frágil y vergonzoso de maderas baratas.
El único funcionario presente fue el defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, que asistió a título personal. Los qom rezaron y cantaron. “Néstor nos va a dejar un recuerdo: un recuerdo que dice que perdimos la guerra”, dijo el pastor que acompañó a la familia y dirigió la ceremonia, que debió abreviarse porque los encargados del camión comunal pedían mayor prisa.
El cajón fue abierto para una última despedida. El niño tenía entre sus ropas un autito de carreras de color rojo. Quizás su juguete preferido, quizás el regalo que le habían preparado para el 6 de enero, ese Día de Reyes que acabó siendo el de su partida.
Luego, el ataúd fue colocado en el pozo que habían cavado dos trabajadores del camposanto. Encima pusieron dos placas de cemento. No había lápida. Uno de los empleados del lugar llegó con un balde y una cuchara con la que colocó una capa de cemento fresco sobre una de las placas. “Pongan el nombre”, indicó. El pastor se acercó, y con un palo escribió: “Néstor Femenía, 2007-2014”.
2. La niña qom L.N.P. fue violada en agosto de 2003 en El Espinillo por un joven blanco. Otros dos muchachos se ocupaban de que nadie escuchara los gritos. Antes de dejarla ir, la amenazaron de muerte para que no denunciara lo que había pasado. Aun así se dirigió a la comisaría. Cuando los policías escucharon el motivo de su presencia, la tuvieron una hora de pie y no labraron actuación alguna. En vez de eso, la derivaron a un centro sanitario donde fue revictimizada con tactos vaginales y rectales.
La presión de la comunidad qom hizo que la policía debiera recibir la denuncia y la girara a la justicia penal. Durante el juicio, el tribunal permitió que se diera a entender que la víctima ejercía la prostitución y no habilitó que hubiera intérpretes para que los testimonios de la chica y de los testigos qom fueran comprendidos de manera íntegra y correcta.
Al firmar la absolución de los acusados, el juez de Cámara a cargo del proceso hizo todo lo necesario para que el crimen quedara impune y planteó que el ataque sexual había sido en realidad una relación consentida. Hasta llegó a decir que la fisura anal que había sufrido la víctima se debía a que el principal imputado, por ser joven, tenía una edad “en que la excitación sexual suele ser mucho más impetuosa”.
Años después, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dio por probado que se vulneraron todos los derechos de L.N.P.
3. Mártires López era un dirigente indígena muy respetado. Lideraba la Unión Campesina, que agrupa a pequeños productores qom y criollos. El 14 de junio de 2011, en medio de tensiones por una lucha a gran escala emprendida para mejorar la situación de sus representados, murió a raíz de un supuesto accidente de tránsito.
Para los integrantes de la UC y para su familia la versión oficial estaba cargada de inconsistencias, y se mantuvo la sospecha de un ataque intencional. Luego de manifestaciones y reclamos, se logró la reapertura de la causa para investigar un posible homicidio.
El 14 de noviembre del año pasado, la fiscalía que maneja la causa penal avisó a los familiares de Mártires que se iba a realizar, días después, una autopsia a los restos del dirigente. La policía, al notificar la novedad a la esposa y a los hijos de López, les recomendó que no difundieran la noticia y los pusieron al tanto de cómo se realizaría la pericia. Ellos no podían creer lo que escuchaban.
El plan consistía en exhumar los restos de Mártires, enterrados bajo un algarrobo a algunos metros de la casa familiar, y realizar el análisis forense allí mismo. Del árbol iban a colgar lonas para rodear el sector de trabajo, y pidieron a la familia que colaborara aportando la carretilla de su ladrillería para transportar el ataúd. También pidieron que se tuviera lista una mesa de la casa y sábanas, para colocar encima los restos.
La indignación fue tanta que la autopsia debió ser suspendida y reprogramada. Se hará este año, en Resistencia, en el complejo forense del Poder Judicial.
4. El 10 de octubre de 2013 nació Ariel en el hospital de Pampa del Indio. Era un bebé qom al que la pediatra a cargo le diagnosticó un cuadro de ictericia, por lo que debía recibir luminoterapia. Se lo colocó a esos fines en una incubadora que no funcionaba adecuadamente y en la que estuvo mucho más tiempo que el necesario. Prácticamente se olvidaron de él.
Lo encontraron horas después, sin vida, con quemaduras de distinto tipo en el 36% de su cuerpo. Cuando una tía del niño fue a retirar del hospital los restos, quisieron dárselo en una caja de cartón.
5. En 2007, la imagen de Rosa Molina en la Catedral de Resistencia, permitiendo que le levantaran su pulóver para que se pudiera ver su desnutrición extrema, rebotó en todos los rincones del país. Tenía 56 años y pesaba 24 kilos. La mujer qom acabó siendo un nombre más en una lista de más de diez casos similares al suyo.
El impacto fue duro para el gobierno chaqueño, en aquel momento en manos de la Alianza, que atribuyó todo a “una campaña de desprestigio”.
“No se trata aquí de hilvanar un debate mediático con quienes motorizan sus denuncias en base a un ajustado cronograma electoral, sino de cumplir con la obligación de informar a la comunidad sobre la realidad, despojada de oportunismos. Se puede afirmar que el gobierno no hace nada por los más necesitados y en particular por los hermanos aborígenes? En absoluto. La realidad es que el gobierno hace y mucho por los más necesitados, sin importar si son criollos o aborígenes”, decía la declaración difundida en aquel momento por la administración radical, con argumentos asombrosamente parecidos a los que hoy utiliza el justicialismo para afrontar las reacciones por la muerte de Néstor.
Es verdad, las cinco historias relatadas pueden ser pura casuística, pero tienen dos fuertes hilos conductores que las vinculan. Uno, el más obvio: la condición qom de las víctimas. El otro: el tipo de desprecio que debieron sufrir, que fue mucho más institucional que personal. Y lo grave está allí. No hay acciones individuales que puedan salvar lo que un Estado y una sociedad no consideren digno de salvación.
“Cualesquiera que sean las desigualdades que una sociedad acepte y cualesquiera que sean los argumentos que pretendan justificarlas, desde el punto de vista moral, la única desigualdad que por razones conceptuales no es admisible es la desigualdad de dignidad, ya que ella significaría también una desigualdad de humanidad”, dice el juez de menores Rodrigo Morabito, de la Asociación Pensamiento Penal, en un texto que se puede leer en la página 6 de esta edición.
Abel Albino, el médico que creó la Fundación Conin, que batalla en todo el país -también en el Chaco- contra la desnutrición infantil, dice (a vuelta de esta hoja) algo tan evidente como negado: “Sólo encuentra desnutridos aquel que sale a buscarlos”.
Y frente a la innegable realidad de una mejora en los ingresos sociales de los sectores más relegados del país, advierte: “Uno cree que un pobre es una persona igual que nosotros, pero sin plata. Y no es así, el pobre es pobre en familia, alimento, estímulos, fuerza, entusiasmo, sueños, ideales, introspección, retrospección, experiencia adquirida y encima... no tiene plata”.
En el caso de la interminable tragedia de nuestros pueblos originarios, y de nuestros pobres extremos en general, ningún cambio será pleno si no hay, además de recursos e infraestructura, un respeto integral por su condición humana y si no se asume que la existencia de tan solo un caso de desnutrición infantil vuelve superfluas a todas las inversiones oficiales que no apunten a extinguir sus causas.
De lo contrario, proseguirá la indefinida reelección de los qom para las indignidades que les dejamos reservadas.

lunes, 12 de enero de 2015

Palabras de nuestro Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo que como siempre tratan de tapar la realidad

González advierte sobre “escalada de denuncias mediáticas para otra operación contra Formosa”

08/01 A partir de que Félix Díaz “acentuara cruzada de delitos fantaseados”
“En las últimas semanas hemos apreciado una nueva escalada de denuncias mediáticas del señor Félix Díaz”, advirtió el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge González, quien dijo que el dirigente qom de la comunidad de La Primavera “se lanzó en una suerte de cruzada de delitos fantaseados, preparando el terreno para una nueva operación contra Formosa, como otras tantas que ya ejecutó junto con aliados porteños y locales que poco conocen de la realidad provincial”.


En la misma línea, ratificó que esta “maniobra” también tiene el propósito de “dilatar en el tiempo” la medida cautelar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpuso para la comunidad aborigen de la zona norte formoseña.


Para el ministro, “Díaz junto a miembros de algunas ONG con llegada a medios de comunicación de Buenos Aires, utilizan situaciones de la cotidianeidad de la vida comunitaria, como ser un accidente de tránsito o una afección de salud, incluso discrepancias sociales internas entre vecinos, para mentir, manipular y dañar la imagen de una provincia y sus habitantes, tratando de hacer creer que todos los formoseños somos cómplices de una supuesta persecución a las comunidades indígenas”.


Recordaba González que “en otra oportunidad Díaz denunció el ataque a una hija diciendo que le cortaron el cabello con un chuchillo y los peritos no encontraron ninguna huella en el patio de tierra, pese a que había llovido. Ahora desde una radio denunció que personas encapuchadas rodearon a su hijo y que éste escapó milagrosamente, llamando la atención que Díaz señaló que los supuestos atacantes eran criollos, lo cual hace dudar de su veracidad ya que no se explica cómo pudo identificarlas si tenían el rostro cubierto con capuchas”, para señalar que “son repetitivas estas denuncias que no tienen pie ni cabeza”.


Destacó el ministro que “se llega al extremo de utilizar la muerte de personas por causas naturales como un paro cardiorrespiratorio o bien una broncoaspiración por ingesta alcohólica abusiva para que Díaz las catalogue como muertes relacionadas a sus reclamos por tierras, haciendo gala de una profusa imaginación”. Agregó que “ahora también denuncia haber escuchado disparos a 200 metros de su casa, lo cual generó investigaciones conjuntas de fuerzas nacionales y provinciales que no encontraron sustento para lo que señalaba Díaz, con la particularidad de que tiene un puesto de Gendarmería apostado a 10 metros de su casa y tampoco allí escucharon nada, al igual que sus demás vecinos”.    


Expuso que “desde que se implementó en La Primavera el protocolo de seguridad con la intervención conjunta de Gendarmería Nacional y la Policía de la Provincia, se pudo constatar fehacientemente que estas permanentes denuncias nunca tienen asidero. Lo que sí existen son hechos de cierto grado de violencia intracomunitaria y de carácter familiar, incluso se detuvo a aborígenes que realizaban venta de estupefacientes dentro de la comunidad”. No obstante ello, indicó González que “en todos los casos, aun cuando no medió denuncia formal del señor Díaz, siempre se dispuso la investigación de todos los supuestos denunciados, con intervención de peritos de las distintas fuerzas, peritos judiciales, médicos forenses, etc. Todos los antecedentes se encuentran en la Justicia, con expedientes que incluso fueron iniciados de oficio para conocimiento del juez competente”.


El ministro de Gobierno ratificó que “esta estrategia de denuncia permanente busca mantener a cualquier precio la medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un contexto donde los reclamos de Díaz sobre las tierras se vieron debilitados porque el relevamiento catastral realizado en el marco de la proceso ante la Corte Suprema demostró que nunca existió el despojo de tierras que siempre denunció Díaz, por el contrario La Primavera tiene sus más de 5 mil hectáreas garantizadas por título de propiedad hace 30 años”.


Concluyó González que “es una pena que en esta estrategia que eligió Díaz junto con las ONG y la oposición local que lo acompañan, no escatimen en dañar la dignidad de todo un pueblo formoseño que tiene a la diversidad y al respeto como pautas de vida, y por eso mismo, el gobierno del Dr. Insfrán lleva adelante políticas de inclusión como pocas provincias pueden mostrar en la Argentina”.