Lejos de reconocer que las tierras reclamadas por nuestros hermanos forman parte del lote 68 entregado por la provincia hace décadas, el gobierno de Formosa envía a sus representantes para simular que existen instituciones preocupadas por los DDHH.
Todos sabemos que el Defensor del Pueblo de la provincia sólo responde al gobernador. Celebramos que hayan organismos del Estado como el Defensor del Pueblo de Nación que sí se ocupan de los derechos de los que no somo oídos.
A la policía provincial no le interesa que no debe accionar sin orden de un juez, está acostumbrada a responder al ejecutivo provincial.
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