Por la Memoria, la Verdad y la Justicia

Nuestro qarashe Félix se hizo presente el 24 de marzo en la Plaza de mayo para recordar y repudiar el golpe cívico y militar que ocurrió en nuestro país hace 37 años.

Vista del secretario de Derechos Humanos Fresneda a nuestra comunidad

El día 6 de marzo el secretario Fresneda junto al presidente del INAI, Fernández, y a una comitiva de funcionarios nacionales y provinciales nos visitaron.

En el diálogo que se abrió en enero de este año así habíamos acordado.

Valoramos el gesto político del secretario y que haya cumplido con su palabra.

Sin embargo nos quedamos con una sensación de frustración.

El secretario le había dicho a nuestro qarashe que vendría directamente a nuestra comunidad y que se quedaría dos días. También había propuesto que trabajáramos para presentarle un informe sobre los problemas de la comunidad.

Por eso trabajamos con los Consejos bastante durante las semanas previas a su llegada organizando quiénes darían el informe sobre las diversas problemáticas que nos aquejan: territorio,  salud, educación,  agricultura, vivienda, dni etc.

Muchos ancianos se habían preparado para hablar y escribimos algunos informes.

Lamentablemente, la provincia de Formosa como hace siempre que un funcionario nacional quiere conocer la realidad le marcó la agenda. Por eso antes de venir a nuestra comunidad fue a visitar a otras (donde los punteros indígenas de la provincia lo estaban esperando).

A nuestra comunidad sólo vino el día 6 y no nos dieron la posibilidad de sentarnos a charlar. Todo ocurrió muy rápido y la visita resultó muy confusa.

Los ancianos querían hablar y no pudieron. Se quedaron con un sabor amargo.

También queríamos escuchar al presidente Fernández hablar sobre el relevamiento territorial, un tema muy importante para nosotros y que desconocemos que se está negociando. Pero no se lo pudo escuchar tampoco.

Estamos preocupados. No entendemos cómo se puede conocer a una comunidad con tan poco tiempo.

De todas formas, intentaremos hacer llegar a través de nuestro qarashe las propuestas que escribimos para que se las entregue al secretario.

Seguimos apostando al diálogo pero a un diálogo en serio en donde haya tiempo para hablar y escuchar.

Ayer festejamos el aniversario de nuestra radio qom

Fue un día de alegrías entre tanta tristeza.

Hemos celebrado el primer año de nuestra radio qom.  Como todo la hemos logrado con gran esfuerzo nuestro y de muchos amigos como la radio La Tribu y Resistencia Qom.

Hoy forma parte de nuestra vida. Todos nuestros hermanos de la comunidad se despiertan y acuestan escuchando la radio.

Si bien tenemos programas cualquier hermano que tenga ganas de venir a decir unas palabras es bienvenido. Algunos hablan en nuestra lengua qom l'aqtaqa y otros en castellano.

Algunos eligen música evangélica y otros música moderna. Es abierta para toda la comunidad.

Esperamos que algún día nuestros amigos de todo el país puedan escuchar nuestra radio por internet. Sería un nuevo logro.

Queríamos compartir nuestra alegría con ustedes.

Tuberculosis y Desnutrición

Fueron las dos causas de la muerte de uno de nuestros jóvenes.

Pablo Sanagachi, de 19 años, falleció hace unos días por esas causas. Así lo certificaron los médicos que lo atendieron en un hospital de Buenos Aires.

Pablo como tantos otros qom se van de la comunidad hacia Buenos Aires para conseguir una oportunidad de vida. Poder trabajar, hacer una familia.

Sin embargo, se llevó consigo las marcas de ser qom y haber nacido en Formosa.

Estamos muy tristes y preocupados por la situación de nuestros jóvenes.

Necesitan una verdadera oportunidad, una esperanza de vida.

Le pedimos a los funcionarios verdaderas políticas de inserción social y programas que ayuden a nuestros jóvenes a salir de esta situación.

No queremos vivir de pensiones por discapacidad como ahora. Queremos trabajar nuestras tierras, queremos una vida digna. Nuestros jóvenes necesitan una oportunidad.

Preocupación por la situación de nuestros hermanos wichí

Nos hemos enterado que el fiscal Cabral confirmó la hipótesis del gobierno provincial sobre la muerte de Daniel Asijak.

Como hemos expresado al enterarnos de que este fiscal estaba a cargo del caso, no confiamos ni en el fiscal ni en el juez.

Queremos informar que si bien el fiscal ayer salió a afirmar que se trató de un accidente porque según él, Daniel estaba borracho, nuestra perito aún no ha dado su informe. El fiscal sólo cuenta con el informe del perito oficial.

Nuevamente es imposible que se conozca la verdad pues en Formosa los jueces, los fiscales, los médicos, la policía etc repiten lo que el gobierno les dice.

Mientras no haya independencia de los poderes nunca se esclarecerá nada.

Se escribieron y presentaron dos cartas a la presidenta solicitándole atienda la situación de los Pueblos Indígenas, en especial del Pueblo qom

Ambas cartas fueron elaboradas en articulación, una más específica sobre la situación de nuestra comunidad y pueblo, y la otra a partir de la violencia que padecemos se hizo extensiva a la situación general de los Pueblos indígenas del país.

Entre ambas cartas se recibieron 8000 firmas de apoyo en 15 días.

Agradecemos el apoyo de los académicos y de quienes acompañaron con su firma.

Ñachek!

Agradecemos todas las muestras de afecto hacia nuestro qarashe y su familia.

Félix Diaz fue operado en el día de ayer de apendicitis.

En estos momentos se encuentra descansando y recuperándose.

Ñachec

Adhesión a la Carta Abierta a la presidenta

Queremos avisar que la carta que hemos publicado la semana pasada escrita por antropólogas a la presidenta a partir de la violencia contra nosotros tuvo una adhesión hasta la actualidad de 5200 firmas!

Ahora publicamos otra carta que también dirigida a la presidenta. Ambas cartas se entregarán esta semana en Casa de Gobierno.

Desde la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina, junto a diferentes personas y organizaciones de la sociedad civil (entre otros, el reconocido periodista e historiador Osvaldo Bayer) elaboraron una carta abierta a a la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, y a funcionarios del Gobierno Nacional solicitando que intervenga e investigue los repetidos sucesos de violencia y muertes dudosas que se vienen dando sobre las comunidades indígenas de nuestro país, especialmente con la comunidad qom de Chaco y Formosa. 

Invitamos a todos los que estén de acuerdo con el texto y quieran y puedan, a adherir enviado a nombre, apellido y DNI más todo lo que quieran agregarle (oficio, pertenencia a alguna ONG, movimiento, comunidad, organización, etc.) y lugar de residencia a gabicolombina@yahoo.com.ar.

Carta Abierta a la Excma. Sra. Presidente de la Nación, Dra. Cristina Fernández

CC: Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Julio César Alak

        Sr. Presidente del INAI, Dr. Daniel Fernández

Ref: Represión y muerte de ciudadanos argentinos miembros del Pueblo Qom

Viernes 18 de enero de 2013

Como es de público conocimiento, en los últimos tiempos se produjeron diversos hechos en los que resultaron muertos miembros del Pueblo Qom de las provincias de Chaco y Formosa, y que hasta hoy no han sido investigados satisfactoriamente.

Entre ellos, pueden citarse los casos de:

* Roberto López, muerto en la represión policial del 23 de noviembre de 2010 a la comunidadPotae Napocna Navogoh (La Primavera), Pcia. de Formosa.

* Mario López, dirigente pilagá de Colonia Alberdi y delegado del MoCaFor que se dirigía al día siguiente a expresar su solidaridad con Potae Napocna Navogoh, muerto tras ser atropellado por un policía.

* Alberto Galván, jornalero Qom perteneciente a la comunidad Paraje El Colchón, cercana a Villa Río Bermejito, Pcia. del Chaco, asesinado a tiros y arrojado a las pirañas el 21 de enero de 2011.

* Mártires López, dirigente de la Unión Campesina, muerto el 14 de junio de 2011 en circunstancias dudosas, luego de ser atropellado dos días antes por un vehículo mientras circulaba en su moto por la ruta en Libertador General San Martín, Pcia. del Chaco.

* Celestina Jara y su nieta Natalia Lila Coyipe de 11 meses, también miembros de Potae Napocna Navogoh, muertas el 10 de diciembre de 2012 tras ser atropelladas por un gendarme quien no sólo no las auxilió sino que junto con sus acompañantes golpeó a Ricardo Coyipe, dirigente Qom y esposo de Celestina, para impedir que, aun estando malherido, les prestara ayuda.

* Imer Flores, de 12 años, miembro de la comunidad Qompi Naqona’a de Villa Río Bermejito, Pcia. del Chaco, asesinado a golpes por una patota el 5 de enero de 2013.

* Daniel Asijak, 16 años, sobrino del qarashe Félix Díaz de La Primavera, muerto en circunstancias dudosas mientras circulaba por la ruta en su moto, el 9 de enero de 2013.

También resultaron víctimas de hechos violentos, siendo gravemente heridos aunque no fallecidos, el propio Félix Díaz, atropellado el 9 de agosto de 2012 por un vehículo 4 x 4 propiedad de la familia en conflicto con su comunidad; su hijo Abelardo Díaz a quien un grupo de matones intentó degollar el 28 de junio de 2012; Samuel Garcete, un hombre de 48 con 9 hijos, perteneciente a la misma comunidad de Formosa, quien aún no se repone de las graves heridas recibidas en la represión del 23/11/2010; en los últimos días (12 de enero de 2013) se conoció un nuevo ataque a otro joven, Gerardo Rodríguez, en el Paraje El Colchón, Villa Río Bermejito, Pcia. del Chaco y a Omar Ávalos, de la comunidad Potae Napocna Navogoh quien fue atacado por varios criollos en el pueblo Laguna Blanca de la Pcia. de Formosa.

Todos los fallecidos eran ciudadanos argentinos pertenecientes al Pueblo Qom y han muerto en circunstancias dudosas, o asesinados. Tres de estas personas eran niños: Natalia Lila de 11 meses, Daniel Asijak de 16 años e Imer Flores de 12 años.

A lo anterior deben sumarse las amenazas verbales y ataques permanentes que sufren los miembros de estas comunidades, la quema sistemática de sus documentos y pertenencias, y otras acciones destinadas a atemorizar y a potenciar la impunidad de los criminales. Hace tan sólo unas horas se conoció el ataque y las amenazas sufridas por Héctor Alonso, también miembro de Potae Napocna Navogoh.

En la mayoría de los casos se han visto involucrados miembros de las agencias de seguridad estatales, que debieran salvaguardar, no amenazar, la integridad de todos los argentinos.

Todos estos casos han sido denunciados y están o debieran estar siendo investigados por los organismos correspondientes. Sin embargo, la reacción de los respectivos estados provinciales y de la justicia ha sido dispar, evidenciando lamentablemente en muchos casos llamativa indiferencia o incluso negligencia respecto de los crímenes cometidos contra indígenas en sus respectivos territorios.

A pesar de que existe un organismo específico, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que debiera poder intervenir en los casos señalados, nos encontramos ante una escalada de violencia donde se exhibe la poca o nula capacidad de acción del Estado para arbitrar adecuadamente estos conflictos, violencias y abuso de derechos que hoy sufren estos Pueblos.

Sabemos que la violencia hacia el Pueblo Qom no es un fenómeno reciente. Luego de las conquistas militares en la región las comunidades originarias de las actuales provincias de Chaco y Formosa fueron confinadas en territorios escasos y reducidos, en los cuales la violencia no se detuvo, y que en algunos casos, además, fueron escenario de nuevas represiones y masacres, ya no en tiempos de “conquista” sino de “paz”, vinculadas a la extrema explotación laboral y a las alianzas entre propietarios, fuerzas armadas y sectores políticos (por ejemplo, las llamadas masacres de Napalpí 1924, Pampa del Indio 1933-4, El Zapallar 1935, La Bomba 1947, entre muchas otras que además de estar documentadas, son resguardadas en la historia oral de las comunidades).

Hoy los tiempos han cambiado y los Qom, como otros Pueblos Originarios, participan de muchos de los derechos de los ciudadanos argentinos, y se les reconocen derechos específicos en su calidad de Pueblos Indígenas (erróneamente llamados a veces minorías étnicas), como los de participación y consulta sobre los “intereses que los afecten”. Sin embargo, y a contramano de estos reconocimientos, las comunidades son constantemente presionadas para que abandonen los reducidos terrenos en los que fueron confinadas tras la conquista militar.

Y aquí es donde queremos llamar especialmente la atención de la Presidencia, ya que se trata de un problema de extensión nacional y que se ha venido incrementando dramáticamente en tiempos recientes: Todas las víctimas pertenecen a una región que se ha convertido en los últimos años en una renovada frontera de expansión económica principalmente para grandes grupos económicos ligados a los agronegocios, el petróleo y aunque en menor medida, el turismo. Muchas de ellas habían denunciado amenazas y abusos de la gendarmería nacional y distintos grupos armados, tanto policiales como parapoliciales. Los accidentes dudosos y los asesinatos han recrudecido en los últimos tres años, período en que las denuncias hechas por integrantes del Pueblo Qom se han hecho más visibles. Esto se debe a que los grupos armados que obedecen a empresarios y terratenientes actúan con impunidad, sin ser sometidos a investigación alguna y sin ser condenados por sus crímenes.

En todos estos casos, además, tanto los sobrevivientes de ataques similares como los familiares de las personas fallecidas señalan elementos de odio racial y xenofobia como una constante en el marco de estos ataques. Obvia decirlo, el odio racial no es un elemento aislado y propio de los victimarios, sino que es parte, lamentablemente, de un contexto que precede y posibilita tanto la ejecución de los crímenes como su impunidad.

La realidad de estas provincias que en estos días nos preocupa especialmente, tiene puntos en común con la de otras partes del país. Esto se debe a las condiciones que estructuraron las relaciones entre los Pueblos Originarios en todo el territorio, y la sociedad no indígena. Los Pueblos Indígenas poblaban el país originalmente y sufrieron todas las consecuencias negativas,  durante la conquista y luego con la colonización, que sufren aquellos que pierden las guerras territoriales. Durante el siglo veinte perdieron los últimos rincones de sus territorios y fueron obligados a sedentarizarse, o a vivir en colonias y reservas, en la mayoría de los casos obligados a vender su mano de obra en los ingenios azucareros, en las plantaciones de algodón o en las estancias de la Patagonia. En adelante, cobraron y cobran los peores salarios, sufrieron y sufren toda clase de injusticias, se morían y se mueren de enfermedades evitables como la tuberculosis, la leishmaniasis y las derivadas de la desnutrición, y han estado por décadas completamente arrojados al capricho de las patronales y sus mediadores.

Aún desde esta realidad estructural, los Pueblos Originarios compartieron con el resto de los argentinos muchas de sus luchas por la justicia. Hacia la década de 1970 surgieron agrupaciones políticas formadas por militantes indígenas, muchos de ellos integrados con partidos políticos y organizaciones sociales y sindicales de orientación popular, que además reivindicaban sus derechos culturales, económicos y sociales como indígenas. La dictadura cívico-militar golpeó y desarticuló parcialmente el movimiento indígena, que también luchaba por un mundo mejor, y varios de sus referentes fueron detenidos, desaparecidos y/o partieron al exilio. Hoy y desde el regreso de la democracia a nuestro país, reconocemos importantes avances, a tono con los foros internacionales, porque los Pueblos Indígenas resurgieron como nuevos sujetos de derechos humanos, entre los que se encuentran, reconocidos por la Constitución de nuestro país, el derecho a permanecer en sus territorios tradicionales con títulos legales y a gestionar los mismos bajo sus normas y costumbres. Vale además anotar que los Pueblos Indígenas no sólo son objeto de referencia de estos derechos sino que su palabra, a través de sus intelectuales, dirigentes políticos y líderes religiosos, enriquece, interpela y ayuda al resto de la ciudadanía a construir una sociedad mejor.

Sin embargo, en el norte de la Patagonia, los grupos económicos líderes, ligados a la explotación minera y petrolera, provocan de modo directo (por la violencia) e indirecto (por la contaminación del medio, la desocupación y la ruptura del entramado social) la expulsión de las familias del Pueblo Mapuche, que llevan una larga lucha sin haber sido escuchadas. Más aún, sus reclamos son sistemáticamente criminalizados, y son numerosos los dirigentes que en los últimos años –por dar el último caso, la comunidad Winkul Newen, cercanos a Zapala, el 28 de diciembre próximo pasado- vienen siendo detenidos y/o procesados, cada vez que se resisten a ser desalojados de sus campos. Es evidente que hoy, la principal respuesta que está dando el Estado a los reclamos indígenas por la defensa de sus tierras es la violencia y la represión, y estas comunidades, las más activas y organizadas políticamente, las que más luchan por la vigencia de sus derechos constitucionalmente reconocidos, pasan a vivir en peligro permanente.

Así, la comunidad de Chuschagasta en la Pcia. de Tucumán continúa esperando justicia por el alevoso asesinato de Javier Chocobar el 12 de octubre de 2009 a manos de un  terrateniente.

También aquellas comunidades indígenas que reclaman por sus territorios en forma conjunta con organizaciones campesinas, como sucede con aquellas nucleadas en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) o el Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR), son hostigadas y periódicamente sacrificadas ante el avance de la propiedad privada (el mencionado Mario López del MOCAFOR, en 2010; y en Santiago del Estero, Sandra Juárez, fallecida de un  paro cardíaco frente a las topadoras el 13 de marzo de 2010; Cristian Ferreyra, campesino lule-vilela de San Antonio, asesinado el 16 de noviembre de 2011 a los 23 años; y Miguel Galván, campesino lule-vilela apuñalado en Simbol, en septiembre de 2012, estos últimos por sicarios reconocidos).

Lamentablemente, como Ud. sabrá, la lista de casos y víctimas en los Pueblos Indígenas es larga y no se agota en lo que aquí presentamos. Las incursiones armadas de particulares y parapoliciales en sus territorios, con intenciones de amedrentamiento, así como los ataques sexuales a sus jóvenes, niñas y niños, son moneda corriente en todo el país. Por eso apelamos a usted, para que utilice los recursos materiales y políticos de su gobierno para frenar esta situación. Si los gobiernos provinciales no pueden sacudir estas estructuras, debe ser el Estado nacional el que realice el cambio necesario. Si en un país como el nuestro, poblado por decenas de Pueblos Indígenas que son parte de la ciudadanía, se permite que se los siga asesinando, o que aparezcan muertos en situaciones altamente sospechosas y no se ponen todas las herramientas posibles a favor de la verdad, queda claramente afectada la política de derechos humanos que la mayor parte de la sociedad saluda, apoya y acompaña.

Por todo esto, si bien no ignoramos la complejidad y antigüedad de la situación, reclamamos hoy al gobierno nacional y a los provinciales la implementación de medidas urgentes y decididas para:

· Utilizar todos los elementos a su alcance para que se haga justicia, en todos estos casos; incluyendo que se adopten medidas de reparación concreta y simbólica y que se garantice el trato debidamente respetuoso hacia sus dirigentes. La reparación debe partir del reconocimiento del genocidio histórico cometido contra los Pueblos Originarios, cuyas consecuencias se prolongan hasta nuestros días.

· Intervenir en la estructura sociopolítica y socioeconómica en la que se insertan las comunidades, dado que está comprobada la relación entre la promoción de los agronegocios, la explotación minera y petrolera, las concesiones inmobiliarias y turísticas, etc. y el incremento de la violencia contra los Pueblos Originarios. Frente a esto, existe legislación suficiente que dispone la consulta previa a estos Pueblos, a través de sus autoridades tradicionales, toda vez que se propongan planes de estas características que afecten sus territorios. El Gobierno nacional, así como los provinciales, tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la Constitución así como del Convenio 169 de OIT, entre otros acuerdos internacionales a los que la Nación adhiere, como un paso inicial en la evitación de la violencia económica y social.

· Intervenir en el contexto social para disminuir las acciones y discursos racistas, especialmente en los medios de comunicación, en la formación de las fuerzas de seguridad y en las expresiones de los representantes políticos, pues es imperioso reemplazar las ideas de superioridad racial y limpieza étnica que todavía perviven, por una pedagogía respetuosa de los derechos humanos y la vida.

· Por último, es urgente y necesario que el Gobierno Nacional condene moral y públicamente estos hechos aberrantes, para que no se repitan NUNCA MAS. Para comenzar a revertir la violencia histórica y garantizar, en el marco de un Estado pluricultural, una política de Derechos Humanos que asuma, en relación con los Pueblos Indígenas, su responsabilidad en la búsqueda permanente de verdad y justicia.

La saludamos respetuosamente,

1)                 Diana Lenton, DNI 17901607, antropóloga, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

2)                 Diego Escolar, DNI 18053150, antropólogo, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Mendoza.

3)                 Gabriela Nacach, DNI 22302241, antropóloga, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

4)                 Lorena Cardin, DNI  22.110.057, antropóloga, Universidad de Buenos Aires.

5)                 Valeria Mapelman, DNI 21482309, documentalista, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

6)                 Luciana Mignoli, DNI 27.147.941, periodista, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

7)                 Marcelo Musante, DNI 23467808, sociólogo, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

8)                 Mariana Gómez, DNI 28170891, antropóloga, CONICET, Buenos Aires.

9)                 Ana Vivaldi, DNI 25188169, antropóloga, Universidad Columbia Británica, Vancouver, Canadá.

10)             Alexis Papazian, DNI 25791317, historiador, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

11)             Gerardo Raschcovsky, DNI 11154312, estudiante de antropología, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

12)             Darío Aranda, DNI 25905483, periodista, Buenos Aires.

13)             Osvaldo Bayer, DNI 4031317, historiador y periodista, Buenos Aires.

14)             Ramón Navarro, DNI 12646312, músico, Asambleas Ciudadanas Riojanas, La Rioja.

15)             Jorge Omar Steimbach, DNI 4579198, contador, Izquierda Socialista, Buenos Aires.

16)             Luis Piaggi, DNI 13235403, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

17)             Claudia Salomón Tarquini, DNI 22.676.405, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, La Pampa.

18)             Luciano D'Addario, DNI 27727575, historiador, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

19)             Nilo Cayuqueo, DNI 5516237, consultor en Desarrollo, Comisión Mapuche La Azotea, Los Toldos, Buenos Aires.

20)             Florencia Roulet, DNI 14015409, historiadora, Buenos Aires, Ginebra, Suiza.

21)             Ramón Minieri, DNI 5511376, escritor independiente, Departamento de Río Colorado, Río Negro.

22)             Armando Aligia, DNI 11632231, físico, junta interna de ATE del Centro Atómico Bariloche, Río Negro.

23)             Carlos Paz, DNI 22985982, historiador, FCH-UNCPBA, Tandil, Buenos Aires.

24)             José Luis Pope, DNI 13988121, periodista, Trelew, Chubut.

25)             María de los Ángeles Vivardo, DNI 20499490, docente y antropóloga, GCBA, Ciudad de Buenos Aires.

26)             Marcelo Giraud, DNI 20112286, geógrafo, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.

27)             Karen Avenburg, DNI 28549080, antropóloga, Universidad Nacional de Avellaneda, Buenos Aires.

28)             Mónica Padin, DNI 11220972, arquitecta, Bariloche, Río Negro.

29)             Marina Lenton, DNI 21480775, ingeniera forestal y docente, Lago Puelo.

Reunión con Nación

Nuestro qarashe Félix Diaz, Pablo Asijak y Rafael Justo, hermanos nuestros, junto a los garantes se han reunido con el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda.

Se trató de una reunión agendada desde hace dos meses.

Reiteramos nuestra permanente intención de diálogo. Siempre la tuvimos.

Esperamos que esta vez nos respeten y que respeten su palabra.

Nosotros siempre lo hacemos.

Son muchos los problemas, esperamos poder avanzar.

Nora Cortiñas se dirigió al secretario y le recordó que los jóvenes que lucharon y perdieron la vida en los años 70 lo hicieron para que la realidad que estamos pasando dejara de existir.

Nos quedamos con esa frase.

Nuestro dolor

Ñachek por su apoyo!

Amigos, estamos muy emocionados por la cantidad de gente que ha firmado el repudio contra la violencia que padecemos.

Sabemos que están ahí pero hay veces que no sabemos cuántos son.

¡En dos días han firmado 1200 personas! estamos sorprendidos.

Para nosotros es importante saber que mucha gente nos acompaña.

Eso nos hace sentir mejor

Aún hay tiempo hasta el domingo para seguir firmando el repudio.

Invitación a adherir al repudio por la violencia hacia nosotros

Un grupo de antropólogas de la Universidad de Buenos Aires han redactado un comunicado para repudiar la violencia contra nuestro Pueblo qom.

La campaña comenzó ayer y ya han firmado más de 850 personas.

Nos contaron amigos de Formosa que no han podido ingresar dado que les bloquearon el acceso a la página. El cartel que les salió decía:

 "web page blocked por el personal de seguridad de sistemas  del Gobierno de Formosa"

No nos detendremos aunque bloqueen la página. Seguiremos siempre denunciando.

Aquellas personas que quieran adherirse al repudio pueden hacerlo ingresando sus datos a través de este link:

https://www.change.org/en-CA/petitions/repudio-contra-la-violencia-que-padecen-los-miembros-del-pueblo-qom?utm_source=share_petition&utm_medium=url_share&utm_campaign=url_share_before_sign

¡Qalota ñachek por su acompañamiento!

Comunicado:

Repudio contra la violencia que padecen los miembros del Pueblo qom

A la opinión pública:

Ante las reiteradas muertes y episodios de violencia contra miembros del Pueblo qom, investigadores, docentes, graduados y estudiantes universitarios de diferentes universidades nacio nales e internacionales y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) que desarrollamos nuestras actividades junto a los Pueblos indígenas así como organizaciones sociales y artistas entre otros queremos, una vez más, manifestar nuestra más profunda preocupación por la situación que vive el Pueblo qom, y particularmente la comunidad Potae Napocna Navogo h (conocida como La Primavera) en la provincia de Formosa.

Esta comunidad padece una situación de vulnerabilidad asociada al hostigamiento que reciben desde que sostienen reclamos por la restitución de su territorio. El hecho emblemático y más grave ocurrió con la represión policial del 23 de noviembre de 2010, que terminó con la vida del qom Roberto López, así como con graves heridos, entre los que se encontraron mujeres, ancianos y niños. En dicha represión las viviendas de los manifestantes fueron incendiadas por la policía provincial así como todas sus pertenencias. Este hecho tuvo grandes repercusiones a nivel nacional cuando Félix Diaz, qarashe de la comunidad, se trasladó a Buenos Aires para pedir justicia al gobierno nacional. A mediados del 2011 el gobierno nacional acordó avanzar en la resolución del conflicto territorial y garantizar la seguridad de la comunidad.

No obstante, en estos dos años no se ha avanzado en la restitución del territorio usurpado a la comunidad. El territorio tradicional de la comunidad continúa ocupado por una familia no-indígena, por la provincia de Formosa y por el Estado Nacional, a través del Parque Nacional Río Pilcomayo.

A su vez, en estos dos años numerosos miembros de la comunidad han sufrido agresiones y amenazas de manera constante y creciente. A ese cuadro de situación se suma el hecho de que los miembros de esta comunidad siguen enfrentando múltiples investigaciones penales en las que resultan criminalizados por las luchas y protestas que emprendieron.

Los permanentes actos de violencia que padecen difícilmente pueden ser desvinculados de su reclamo por la restitución de su territorio tradicional. La falta de implementación del derecho a la propiedad comunitaria de su territorio ha generado las condiciones para la reiteración de agresiones contra la comunidad. Desde entonces, la persecución, las amenazas y las agresiones físicas contra miembros de la comunidad se incrementaron de forma alarmante. Cabe señalar que esta situación ha llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual el 21 de abril de 2011 exhortó al Estado a proteger la vida de Félix Diaz, su familia y los miembros de la comunidad “contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública u otros agentes estatales”. No obstante, la violencia contra la comunidad continua.

Gran parte de los territorios donde se asientan comunidades indígenas están siendo disputadas por intereses ligados al modelo de desarrollo extractivista en su modalidad agroindustrial y a los negocios inmobiliarios, incluso estando vigentes leyes nacionales que protegen a los territorios indígenas. Los derechos territoriales quedaron plasmados en el derecho argentino cuando en 1994 se incorporó el nuevo art. 75 inc. 17 a la Constitución Nacional y con la ratificación o adopción de un conjunto de instrumentos de derechos humanos entre los que se destacan el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, lo que prevalece es una brecha de implementación entre la normativa indígena y la realidad que viven los Pueblos indígenas en nuestro país.

Claro ejemplo de ello lo constituye la falta de implementación en la provincia de Formosa de la ley 26.160/26.554 de Emergencia Territorial de las Comunidades Indígenas que dispuso el inicio de un proceso de relevamiento dominial de las comunidades indígenas y la suspensión del desalojo de sus tierras. Las comunidades indígenas de la provincia continúan reclamando que se realice el relevamiento territorial con participación indígena y bajo la modalidad centralizada, sólo a cargo del INAI dada la desconfianza en las autoridades provinciales.

Finalmente, queremos denunciar que la violencia que padecen los indígenas qom no se manifiesta sólo en la agresión física y el hostigamiento. También es ejercicio de la violencia la discriminación y la vulneración de sus derechos más básicos como el acceso al agua, a la alimentación, a la salud, a la justicia, a la educación y a la libre determinación de sus autoridades. Esta es una situación extendida y lejos de vivirse con pasividad, es el foco de reclamos de las comunidades y sus líderes, en distintos puntos de la región Chaqueña, quienes generan modos de auto organización logrando resolver algunos de los problemas puntuales con escasos recursos.

A raíz de la ola de violencia contra el Pueblo qom queremos manifestar nuestra preocupación por la situación de los integrantes de la comunidad Potae Napocna Navogo h y de todas aquellas comunidades indígenas que están defendiendo sus derechos humanos básicos y sus derechos territoriales ante las nuevas modalidades de ocupación.

Por todo ello reclamamos:

‐ La inmediata investigación de las muertes y accidentes ocurridos en los últimos días.

‐ La intervención de organismos públicos nacionales y de derechos humanos para garantizar la transparencia de las  investigaciones sobre dichos casos.

‐ El cese de las persecuciones y amenazas a los integrantes de la comunidad Potae Napocna Navogoh.

‐ Que las autoridades garanticen la seguridad de todos sus miembros.

‐ Se respete el derecho territorial de la comunidad Potae Napocna Navogo h.

‐ La implementación de la Ley 26.160/26.554 con efectiva participación indígen a y bajo la modalidad centralizada que ellos reclaman.

‐ El respeto irrestricto a los derechos indígenas.

‐ La implementación de programas nacionales que promuevan el etno-desarrollo de la vida comunitaria indígena.

La violación y/o el no cumplimiento de los derechos de los Pueblos indígenas consagrados en la Constitución Nacional Argentina, constituyen un grave retroceso en la vida democrática de la sociedad argentina. Como ya lo hemos manifestado en otras oportunidades, mediante la presente, ponemos a disposición nuestras experiencias de investigación a fin de efectuar los aportes que contribuyan a lograr una solución definitiva a la vulneración del estado de derecho que ha afectado no sólo a los qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh, sino también a otras comunidades y Pueblos indígenas del país.

SEGUIMOS DE PIE!

Racismo

Nuevo ataque a un joven qom de nuestra comunidad!

Ayer por la tarde Héctor Alonso fue atacado por tres criollos que circulaban en dos motos (una azul y otra negra) dentro de la comunidad sin patente y con cascos.


Los criollos le mostraron un cuchillo y le gritaron "Indio de Mierda" entre otros insultos.
 

Héctor les mostró que llevaba un machete pues volvía de sacar los yuyos del cementario.

¿Cuál será la versión oficial esta vez?



Así no se puede seguir viviendo

Denunciamos que no existe justicia independiente en Formosa

 Ahora nos enteramos que el juez interveniente es el juez Mauriño!

 

Informamos a la opinión pública que el juez Mauriño es:

- a quien le presentamos un montón de denuncias por las agresiones que recibimos durante el corte de ruta y que no hizo nada. 

- es el juez que, luego de la escena que se montó entre la policía y la familia Celia durante la mañana del 23 de noviembre para plantarnos armas, para asesinar a Félix Diaz (a quien los Celia le dispararon 7 tiros de bala frente a la policía) y acusarnos de violar a una oficial policía,  mandó a cientos de policías para buscar las armas plantadas y detener a: Félix Diaz (tío de Daniel), Amanda Asijak (tía de Daniel) y Pablo Asijak (padre de Daniel) entre otros.

- es el juez que ordenó desalojarnos de nuestra casas, si bien estaba en vigencia la  ley nacional de Emergencia Territoria (nº 26.160/26.554) que obliga a suspender todos los desalojos en territorios indígenas.

- es el juez que estuvo presente en la ruta durante la represión y vio absolutamente todo. Cómo nos golpearon, cómo pisotearon a las mujeres con caballos, cómo incendiaron nuestras casas y cómo se llevaron detenidos a niños menores de edad. Eso se puede verificar en el video de la represión. El juez, junto a su secretario Pablo De Philippis, aparece de espaldas a la cámara (minuto 30' 07" del video de youtube) con un impermeable y con sus manos en los bolsillos.   Mientras nosotros  preguntábamos  dónde estaba el juez para poder conversar con él, Mauriño se mantuvo a un costado siendo testigo de la masacre sin hacer nada para evitarla. En el video se puede ver cómo el juez está parado en la ruta y ve pasar a las mujeres, niños y bebés que son detenidos y llevados a la comisaría sin decir ni hacer nada (minuto 31´ 05"). De fondo se ve el humo y las llamas de nuestras casas incendiadas por la policía. El juez fue testigo de todo el salvajismo policial sin embargo no hay ningún imputado policial por todo esto.

Video de la represión: https://www.youtube.com/watch?v=jvi-yP1Xm5k

¿Qué investigación podemos esperar de esta justicia? 

¿Qué seriedad puede tener este esclarecimiento?

¿Cómo hacer para que alguna vez nuestra voz sea respetada?

Daniel Asijak