La Lucha por nuestro Territorio

Con el objeto de explicar la sistemática violación que sufrimos en nuestro territorio, creemos necesario hacer una breve síntesis histórica de la formación de nuestra comunidad.

Históricamente los qom fuimos un pueblo nómade de bandas de cazadores-recolectores. Nuestro territorio era sumamente amplio, no existían alambrados ni límites nacionales. En nuestros recorridos nos desplazábamos en ambas márgenes del Río Pilcomayo que divide a los actuales Estados Nación de Argentina y Paraguay.
A partir de la conquista y colonización de nuestro territorio fuimos paulatinamente desplazados y acorralados.

Nuestras tierras tradicionales que se encuentran al este de la provincia de Formosa se caracterizan por ser muy fértiles y por ello hemos sido presionados permanentemente por concesionarios, colonos, el Parques Nacionales y, actualmente, por grandes productores agrícolas, “pools de siembra” y por el propio gobierno provincial.

Frente a la presión y mal trato que recibíamos nuestro cacique Trifón Sanabria en 1939 decidió viajar a Buenos Aires para solicitar que se nos reconociera como habitantes originarios de la zona. Como respuesta a nuestro pedido el gobierno nacional firmó en 1940 un decreto n° 80.513, por el cual, según se nos dijo, nos fueron reconocidas sólo 5000 hectáreas para ser ocupadas como reserva, leguas A y B de la sección III, de la Colonia Laguna Blanca, si bien nunca tuvimos acceso al decreto nacional.

En 1952 el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Nacional N° 3297 (del 18/02/1952) que -haciendo referencia a aquel decreto de 1940- convirtió a la Reserva La Primavera en “Colonia”, quedando ésta bajo jurisdicción de la Dirección de Protección del Aborigen. En esta norma se plantea que la verdadera superficie de dicha tierra se establecerá al aprobarse la mensura correspondiente, mencionándose textualmente las mismas leguas y sección estipuladas en el decreto anterior.

En 1963 se firmó un decreto provincial, n° 1363 dossier 10.385/63, en el cual se hace referencia a que la colonia posee una superficie total de 5107 hectáreas.

En 1984 en Formosa se sancionó la Ley provincial del Aborigen Nº 426 mediante la cual se estableció devolvernos parte de nuestras tierras, pero sólo si nos constituíamos como Asociaciones Civiles con personería jurídica, dicha exigencia ha constituido una traba burocrática para gozar de nuestros derechos. Mediante la misma ley provincial se creó el ICA (Instituto de Comunidades Aborígenes) cuyo Directorio está conformado por un presidente elegido por el gobernador y tres directores elegidos por cada etnía de la provincia, qom, wichí y pilagá. A través de su presidente, lamentablemente, el ICA ha funcionado siempre como brazo político del estado provincial y jamás ha defendido los intereses de los pueblos originarios de Formosa.

El 5 de octubre de 1985 el gobierno provincial transfirió a la “Asociación Civil Comunidad Aborigen La Primavera”, con personería jurídica mediante disposición n° 113 de fecha 02/10/85 tan sólo 5.187 has. 81 as. 53 cas y 0,395 cm2.

El valor que para nosotros posee nuestro territorio es cultural, espiritual y de subsistencia, valores que jamás han sido respetados. Sin embargo, en la actualidad reclamamos con urgencia el reconocimiento de nuestro territorio ancestral por motivos vitales de supervivencia.

Frente al crecimiento demográfico de la comunidad, el territorio que nos fue transferido en 1985 nos resulta insuficiente para que las más de 800 familias toba que allí habitamos logremos sobrevivir. Necesitamos poder continuar con nuestras actividades históricas de caza, pesca y recolección, entre otras razones de índole cultural, porque en la actualidad sólo con estas actividades nos es permitido alimentarnos pero el territorio que nos han asignado nos resulta insuficiente para ello. Además, los recursos naturales constituyen la materia prima con la cual elaboramos nuestras casas, medicinas y artesanías.

En total negación a las necesidades que acabamos de describir, diariamente nos enfrentamos al avance y ocupación de nuestro territorio por parte de familias criollas, del Parque Nacional Río Pilcomayo y de la Universidad Nacional de Formosa, con total apoyo del gobierno de Formosa y sin que el Estado argentino tome medidas al respecto para garantizar nuestros derechos.

Entre las familias criollas que avanzan sobre nuestras tierras, se destaca la familia Celía. En octubre del 2008, hemos intentado remarcar nuestro territorio para evitar el avance de esta familia que ya se encuentra dentro de nuestro territorio. Ante nuestro trabajo de remarcación se presentó la policía y nuestro lider Félix Diaz fue llevado a la comisaría de Laguna Blanca. Allí fue obligado a firmar, a cambio de su libertad, un acta por el cual debía reconocer que las tierras que reclamamos pertenecen en propiedad a la familia Celía, a su vez, se le obligó a desistir de nuestros derechos ancestrales.

Por otra parte, las autoridades han entregado a la comunidad la resolución Nro 110707 del Administrador General Interino del Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales de Formosa, Ing. M. Rodríguez, mediante la cual determina, sobre el territorio en disputa, por un lado, que 2.042 hectáreas se subdividan en partes iguales entre los criollos sucesores de Rosario y Ángel Celía y, por el otro, que se entreguen 609 hectáreas a la Universidad Nacional de Formosa, la cual para nuestra preocupación ya ha comenzado la construcción de su sede en nuestro territorio. Por la falta de asesoramiento jurídico no hemos podido lograr presentar un recurso de amparo para detener dicha obra.

El 11 de junio junto a funcionarios de APN y de INAI hemos recorrido el territorio donde se está instalando el Instituto Universitario Agropecuario. Allí el gobierno provincial ha instalado un mangrullo con una bandera argentina para detectar e impedir el ingreso nuestro a la zona. Cuando ingresamos junto a dichos funcionarios al lugar la policía se presentó muy nerviosa por nuestra presencia pero nada ocurrió pues estábamos junto a funcionarios nacionales. De todas formas inmediatamente llamaron al comisario y subcomisario de Laguna Blanca quienes también vinieron a preguntarnos qué hacíamos allí. Ojalá que cuando los necesitemos por algún caso grave acudan con la misma velocidad.

Con el objetivo de solicitar la nulidad de dichas resoluciones un representante de la comunidad ha interpuesto un recurso de amparo ante el Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Clorinda en la provincia de Formosa el 20 de octubre. Pero no hemos obtenido respuesta alguna.

Como parte de este conflicto territorial también surge la constante amenaza policial de desalojar a 9 familias toba que viven históricamente allí, incluso se efectivizó el desalojo de la familia Cantón en el año 2006. Además, hay mucha policía instalada en la zona.

El otro reclamo territorial que sostenemos es ante la Administración de Parques Nacionales (APN) para que se reconozcan nuestros derechos ancestrales sobre parte del territorio y de la Laguna Blanca que hoy figuran dentro del Parque Nacional Río Pilcomayo. Si bien, como ya se explicó anteriormente, nosotros hemos ocupado, poseído y hecho uso continuo del territorio dicha Administración nos niega nuestros derechos.

El Parque fue creado a través de la ley Nº 14.073 -sancionada el 17 de Octubre de 1951-, contando a partir de ello con una superficie aproximada de 285.000 has. Años después, en 1968, por ley 17.915 se redujeron los límites del área protegida excluyendo unas 215.000 has, manteniéndose –según el texto que acompañaba el proyecto de ley– unas 60.000 Has. de su sector Noroeste.

Por encargo del Instituto de Colonización y Tierras Fiscales de la Provincia de Formosa, el agrimensor Catalino Saavedra realizó en 1979 el plano de mensura de la Colonia La Primavera, el cual fue registrado ante la Dirección Provincial de Catastro. Dicha mensura fue aprobada por Decreto Provincial 1282/80, pero no fue reconocida por la APN por existir una superposición de mensuras.

También queremos denunciar que frente a la necesidad de continuar con nuestras históricas actividades de caza, pesca y recolección en dicho territorio hemos recibido un constante maltrato por parte del personal del Parque. En el acta de la Asamblea del 30 de mayo del 2007 ante el Director de la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales, de la Lic. Cristina Armata quien es miembro del directorio del APN y de autoridades del ICA, las personas agredidas por estar pescando dieron su testimonio. Las mismas fueron despojadas de sus instrumentos de pesca como de su ropa la cual fue posteriormente quemada.

Ante la superposición existente entre decretos nacionales, leyes y mensuras realizadas por la Administración de Parques y por la provincia de Formosa y ante nuestro reclamo, entre 2007 y 2008, tanto el intendente del Parque Río Pilcomayo como la Dirección Nacional de Conservación de Áreas Protegidas de la APN presentaron informes a las autoridades de dicha Administración describiendo el conflicto y sugiriendo implementar la figura del comanejo.

En 2009 el Director Nacional del área de Comunidades, Lic. Bruno Carpineti se presentó en la comunidad y prometió destrabar el conflicto dado que las autoridades de APN habían manifestado su buena voluntad de reconocer los derechos qom sobre su territorio. En dicha Asamblea prometió regresar al mes con un bosceto del anteproyecto de ley que presentarían ante el Congreso, previo acuerdo con la comunidad.

Pero en su segundo viaje el Lic Carpineti trajo una resolución muy amplia del directorio de APN, en la cual se hace referencia sólo al decreto de 1940 sin reconocer los derechos indígenas sobre el territorio que figura en nuestro título (el cual incluye gran parte de la laguna Blanca y un sector de territorio del otro lado de dicha laguna). Si bien el funcionario invitó a que la comunidad eligiera a algunos delegados para seguir trabajando en la propuesta en Buenos Aires, la comunidad decidió no avanzar en dicha negociación si no se reconoce el título otorgado en 1985 y además hasta no contar con un

abogado que nos asesore.

Finalmente, denunciamos el incumplimiento de la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 17 que versa:

“...reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.”

Y de la Ley 26160 de emergencia de la propiedad indígena que dice:

“Declárese la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes.” Sancionada: Noviembre 1 de 2006-Promulgada: Noviembre 23 de 2006

Entre los puntos mas relevantes de la normativa citada la misma manda en primer lugar a detener los desalojos por el plazo de 4 años. También ordena la realización de un relevamiento técnico jurídico catastral de las tierras y territorios indígenas que debía realizarse en el plazo de 4 años. Los plazos para el relevamiento vencen a fines del 2009.

En la Provincia de Formosa y más específicamente en lo que se refiere a nuestra comunidad la ley no se cumple.

El Órgano de aplicación de la Ley 26160 es el INAI (dependiente del Ministerio de Desarrollo de acción Social de la Nación).

Este año, 2009, luego de haber viajado a Buenos Aires reclamándole a los funcionarios del INAI que se ocuparan de nuestros problemas, hemos logrado la visita de varios funcionarios.

Para el mes de mayo vinieron a La Primavera dos abogados del INAI, Dr. Hernán Prego y Dra. Ana Olivera y la abogada del INADI Mariela Flores. Oyeron los testimonios de los ancianos y nuestros reclamos pero no hubo ninguna resolución sobre el tema territorial ni nos presentaron un informe.

El 27 de mayo la Lic Lucía Battaglia viajó a Formosa capital y convocó a una reunión con el Ministro de la Comunidad de Formosa Alberto Zorrilla, Karina Alegre (técnica del INAI), el coordinador general de ENDEPA Ponciano Acosta, el presidente del ICA, el cacique y el presidente de la Asociación Civil de La Primavera, Félix Diaz y algunos otros miembros de la comunidad. Expusimos todas nuestras problemáticas ante los funcionarios nacionales y provinciales.

Allí quedó en evidencia una vez más la falta de voluntad de resolver el problema de territorio. El Ministro se comprometió que en 15 días tomaría acciones sobre las diversas problemáticas que nos aquejan. Tampoco hubo ninguna solución.

La Lic Battaglia es la encargada del CPI (Consejo de Participación Indígena), le hemos solicitado innumerables veces que gestione la conformación del CPI de Formosa para poder concretar el relevamiento territorial de nuestras tierras sin embargo al igual que el resto de los funcionarios nacionales nos dicen que dado que el gobierno de Formosa no colabora ellos nada pueden hacer pues respetan la autonomía provincial.

Luego el viernes 12 de junio vino a la comunidad la funcionaria del INAI, Lic Inés Quillici junto con los técnicos provinciales de dicha institución, Karina Alegre y Joaquín Scoffiel.

Quillici dijo que venía en nombre de la Directora de Desarrollo Social del INAI, Vilma Mores.

Esta funcionaria se comprometió en hacer cumplir, y repitió varias veces, los siguientes 4 puntos:

1) Asesorarse con un abogado para encontrar solución a la elección fraudulenta del presidente de la Asociación Civil.

2) Pedir al Director del Área de Tierras Tony Dellelce realizar una capacitación sobre la importancia de la personería jurídica

3) Inaugurar el CIC (Centro Integral Comunitario) para que allí funcione un equipo de salud con movilidad y personal indígena. Dar trabajo a los agentes sanitarios y enfermeros de la comunidad.

4) Hablar con gente del IPAF (Instituto Provincial de Agricultura Familiar) para encontrar junto a la comunidad el mejor sistema de provisión de agua potable.

Dijo que en julio volvería con respuestas sobre esos puntos y que "esto es sólo el comienzo".

Lamentablemente hasta ahora, agosto 09, sólo hemos tenido una reunión con los técnicos del IPAF sobre la problemática del agua pero nada se ha realizado en concreto.

Hemos presentado nuestros reclamos en muchas otras instituciones provinciales y nacionales (DDHH, Defensor del Pueblo, Defensoría de la Nación, INADI, Congreso Nacional, entre otras) pero siempre recibimos promesas pero ninguna solución. Por ejemplo, a comienzo del año presentamos una denuncia ante el INADI para que expidan un dictamen en contra del trato discriminante que recibimos en la provincia pero hasta la actualidad nos dicen que "está por salir".

También presentamos una denuncia ante la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial siguiendo el consejo del Lic Flavio Rapisardi quien nos alentó a escribirla y presentarla en el INADI, entidad responsable de elevarla al CERD. Nuevamente, la respuesta que seguimos recibiendo es que "el área de legales está estudiando la denuncia para luego elevarla".

Nuestro derecho de acceso a la tierra es fundamental para acceder a otros derechos humanos como la vivienda digna, la alimentación adecuada y por sobre todas las cosas sin tierra no hay posibilidades de supervivencia para nuestra comunidad.

Como nadie solventa los gastos que ocasionan nuestros innumerables viajes a la ciudad de Formosa y a Buenos Aires, pues no aceptamos depender de ninguna organización ni partido, nos resulta sumamente difícil sostener esta lucha.

No obstante, seguimos más fuertes que nunca y actualmente estamos avanzando en la articulación con el resto de líderes indígenas no sólo de la provincia de Formosa sino del resto del país.

(Todas las reuniones con los funcionarios han sido grabadas, fotografiadas y filmadas.)