Revista Furias
El indígena y la falta de acceso a la Justicia
Por Felix Diaz
La comunidad, qom, Potae Napocna Navogoh se encuentra en la provincia de Formosa, a la altura de la ruta nacional 86, km 1.341. El pasado 23 de noviembre realizamos el recordatorio a Roberto López, un integrante asesinado en 2010 como consecuencia de la brutal represión desatada sobre la ruta, a causa del reclamo por nuestras tierras ancestrales.
Una problemática que es trascendental para la comunidad, es la cuestión territorial. La base de nuestro sufrimiento está en relación al despojo de nuestras tierras. Ella es el eje de nuestra existencia, por eso es un tema importante para nosotros, los indígenas. Sin ella, no tenemos acceso a nuestra alimentación, medicina e identidad.
Por todo ello, surge la necesidad de dar a conocer el origen del conflicto, de por qué murió Roberto López el 23 de noviembre de 2010, por qué se liberó la zona para reprimirnos y matarnos ese día.
En 1994 se hizo una reforma de la Constitución Nacional, donde se incorporó el Derecho Indígena. Por medio de esas garantías jurídicas se estableció que las tierras no se pueden enajenar, transferir, embargar o arrendar. Entonces, a medida que fuimos analizando los distintos instrumentos jurídicos que hablaban sobre la cuestión territorial de los Pueblos Originarios, nos hemos dando cuenta que todo lo establecido en la leyes, nos se cumplía, de ninguna manera.
Posteriormente, en 2006, el gobierno nacional; preocupado por el avance del campo sojero, los desmontes y la contaminación ambiental, sancionó, con fuerza, la ley 26.160, de emergencia territorial. Esta normativa no solo no se aplicó en Formosa, sino que además, el gobierno provincial decidió despojarnos de una superficie de 2.042 ha.
Aunque toda la legislación vigente establecía que no se podía tocar las tierras indígenas, ni desalojarnos, ni tocar a un indígena que estuviera ocupando las tierras, aunque estas no estuvieran reconocidas legalmente; la realidad no se ajustaba a las normas, y cada vez teníamos menos tierras.
Sentimos la necesidad de defender nuestros derechos, que además están garantizados por la Constitución Nacional; por lo tanto comenzamos a analizar y discutir entre nosotros esta problemática. En 2007 se decidió, mediante asamblea, remarcar nuestro límite territorial, y a medida que avanzábamos, nos dábamos cuenta que las tierras no eran las mismas de antes. Observamos, por ejemplo, que se había transferido a Parques Nacionales una gran parte de Laguna Blanca que es propiedad de la comunidad qom, y también que el criollo de la zona, Cecilio Celía, fue beneficiado con nuestras tierras, pero además que la familia Saucedo había usurpado nuestro territorio, y el señor Tito Villafañe, también.
Toda esta situación la planteamos legalmente al gobierno provincial, reclamamos y pedimos respuesta de por qué esa decisión de ocupar nuestras tierras, sin ni siquiera habernos informado.
Pero lo que nos generó mayor preocupación y desesperación, fue la instalación de un obrador sobre nuestro territorio, con el fin de construir el Instituto Forestal del Ambiente.
En su momento, el gobierno provincial le cedió a la familia Celía 2.042ha, que nos pertenecía. Por su parte, la familía Celía, luego, le donó a la provincia unas 609 ha (de las 2.042ha) con el fin de que fuese destinado a la investigación de los recursos naturales.
Ante esta situación de despojo sistemático, y sin respuesta por parte de las autoridades de la provincia, decidimos bloquear el acceso a la ruta para impedir que la empresa constructora levantará el obrador destinado a las herramientas para empezar con la construcción.
Durante casi cuatro meses y medio estuvimos sobre la ruta, en la intemperie, con hambre, sed, soportando enfermedades, y sin que ningún funcionario, provincial o nacional, se acercara para interiorizarse de nuestra problemática.
El 23 de noviembre de 2010 hubo un despliegue policial por una supuesta denuncia de la familia Celía, en contra de los indígenas que estábamos ahí, apostados en la 86. Solicitamos a los uniformados que nos mostrara la orden, para poder comprender los motivos de semejante operativo: si se trataba de un allanamiento, desalojo o procesamiento de algún integrante de la comunidad. La orden nacional de desalojo (porque al tratarse de una ruta nacional, es jurisdicción de la gendarmería), ni la orden provincial (por allanamiento), aparecieron. El comisario Muñiz, que estaba a cargo del operativo, alegaba que debía cumplir una orden de limpiar la calle, sacar la basura que estaba allí (se refería a nosotros) y también venía para matarnos.
Resistimos hasta que pudimos. Mantuvimos firme nuestra postura de no retirarnos del lugar hasta que no se exhibiera la orden judicial, ya que las leyes que garantizan nuestra existencia, debían ser respetadas. Igualmente, represión de por medio, nos desalojaron. En esa trifulca, aparece muerto un integrante de la comunidad: Roberto López; mientras que a otro: Samuel Garcete, lo dejaron medio muerto sobre la ruta.
A los indígenas que fueron golpeados, heridos, y además procesados en la comisaría de Laguna Blanca, no se los atendió por los cortes que tenían en el cuero cabelludo, cara, piernas, producto de la represión. No conformes con ello, tuvieron que quemar nuestras casas. Unas 17 viviendas quedaron hechas cenizas.
Perdimos todo tipo de archivos que fuimos armando para la comunidad como las investigaciones hechas sobre el tema de la marcación del límite territorial, fotos, entrevistas con funcionarios; además de nuestras cosas personales como los documentos, todo eso nos quemó la policía. Se robaron computadora, filmadora, cámara digital, nos dejaron sin nada.
Pero por sobre todo, nos quedamos sin Roberto López, un anciano miembro de la comunidad, que dejó una mujer, dos hijos y 5 nietos. Él consideraba que la mejor herencia que podía dejar a su familia eran las tierras jurídicamente garantizadas, porque creía que el espacio que hoy estamos ocupando, no lo tenemos asegurado. Roberto López siempre nos decía que no debíamos quedarnos tranquilos ante la situación territorial por la que atravesábamos, sino todo lo contrario.
Por lo tanto, decidimos mostrar nuestra problemática y exigir al Estado que cumpliera con su obligación de respetar la identidad de los pueblos indígenas, cortando la ruta.
Pero sucede que nunca hay voluntad política de resolver este conflicto, esta situación se invisibiliza, se esconde, no se habla.
La justicia nos ve, únicamente, para criminalizarnos. Nuestros derechos constitucionales han sido violados, y sin embargo los únicos procesados somos los indígenas, que tenemos causas penales y civiles, por daño a la propiedad y abusos. Se nos acusa de potenciales terroristas, ideólogos intelectuales, utilizan todo tipo de figuras para justificar el despojo territorial. Los violentos, los que no queremos dialogar, los que no respetamos a la autoridades, somos los indígenas.
Hace cientos de años que venimos soportando todo tipo de violaciones, aunque nos estamos muriendo de a poco y silenciosamente, nuestra comunidad está fortalecida. Quedan nuestros hijos, nuestros nietos: el futuro, para seguir de pie, luchando hasta el final.
Los medios de comunicación son una herramienta muy importante para nosotros, para poder acercarnos a la ciudadanía, que nos conozcan, que sepan de nuestra existencia. Tenemos voz, aquí está, solo que no nos quieren escuchar.
Somos parte de este país, queremos que los gobiernos nos respeten como personas, como pueblos preexistentes, tal cual lo garantizan las leyes.
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